Entre estos grupos se destacan las mujeres cabeza de familia, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas, la comunidad LGBTI y las personas en condición de discapacidad.
Las pequeñas y medianas empresas son el principal motor del empleo en Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más de 2,5 millones de PYMES generan cerca del 80% del empleo del sector privado. Sin embargo, su peso en la economía contrasta con las dificultades que enfrentan para avanzar en inclusión y diversidad laboral.
Así lo revela la investigación Diversity and Labor Inclusion in Colombian SMEs: An Exploratory Study, dirigida por Mauricio Martínez, director de la Escuela de Administración y Competitividad del Politécnico Grancolombiano. El estudio, aplicado a 115 empresas —en su mayoría del sector servicios—, muestra que el 41% de las PYMES no cuenta con trabajadores pertenecientes a grupos tradicionalmente excluidos, como mujeres cabeza de familia, minorías étnicas, personas LGBTI o personas en condición de discapacidad. Solo el 59% tiene al menos un empleado de estos colectivos.
Aunque el estudio evidencia avances frente a años anteriores, los desafíos siguen siendo estructurales. Durante la pandemia del COVID-19, estas poblaciones, especialmente mujeres y personas de ascendencia africana, fueron las más afectadas por el desempleo y la reducción de horas laborales, profundizando brechas preexistentes.
Uno de los puntos críticos es la inserción laboral de los jóvenes. La investigación advierte que Colombia presenta una de las tasas de desempleo juvenil más altas de América Latina entre personas con alto nivel educativo, una situación que afecta con mayor fuerza a las mujeres y fomenta la informalidad. En este contexto, el 62% de las PYMES no cuenta con programas específicos para la contratación de aprendices. No obstante, entre las empresas que sí los implementan, el 77% considera que las condiciones ofrecidas son adecuadas.
Con lupa
La inclusión de personas con discapacidad es aún más limitada. Apenas el 15% de las PYMES tiene programas para su contratación, aunque el 94% de los empresarios que los han implementado los consideran efectivos. En el caso de padres o tutores de niños con discapacidad, solo el 11% de las empresas cuenta con políticas de apoyo, pese a que el 85% de quienes las aplican perciben resultados positivos.
Una tendencia similar se observa con otros grupos. Solo el 16% de las empresas tiene programas para mujeres embarazadas, pero el 90% de los empresarios los valora como eficaces. El 32% ha implementado iniciativas para contratar madres cabeza de familia, con una percepción de éxito del 90%. En cuanto a personas LGBTI y minorías étnicas, apenas el 16% de las PYMES cuenta con programas formales, aunque la mayoría de quienes los han adoptado los consideran efectivos.
Para Martínez, las limitaciones de las PYMES explican buena parte del rezago. “Partimos de un escenario donde tenemos muchas PYMES y, por naturaleza, tienen recursos y estructuras administrativas más limitadas. Una PYME no se puede dar el lujo de tener una oficina de responsabilidad social o de inclusión, como sí lo hacen las empresas grandes”, señaló. A esto se suma, dijo, la falta de conocimientos por parte de muchos gerentes sobre cómo gestionar procesos de inclusión.
El investigador advirtió que persisten percepciones erróneas. “Puede haber una tendencia a pensar que una persona en condición de discapacidad va a ofrecer un menor rendimiento laboral y se ve más como un costo que como una inversión. Lo mismo pasa con los aprendices”, afirmó.
Martínez también cuestionó el enfoque regulatorio. “La inclusión debería nacer de la empresa. A veces la regulación, cuando impone demasiadas obligaciones, puede ser contraproducente y desincentivar la contratación formal de poblaciones vulnerables”, explicó, al señalar que algunas empresas prefieren pagar sanciones antes que asumir mayores costos.
¿Y Risaralda?
Aunque el estudio no presenta datos regionales, el panorama nacional plantea retos urgentes que también se evidencian en Pereira. “Una cosa es tener personas de minorías vinculadas y otra muy distinta es contar con políticas claras de inclusión. En general, lo que existe es más bien algo espontáneo, del día a día de los negocios”, indicó.
De cara a 2026, el mayor desafío será económico. “La mayoría de empresas del país son pymes, es decir, son empresas que no tienen una capacidad económica tan alta. Y el mayor reto va a ser responder a las condiciones económicas que está exigiendo esa nueva reforma laboral. Van a enfrentarse a un dilema de costos para poder sostener la inclusión”, concluyó Martínez.
