Colpensiones indicó que podría embargar a entes territoriales (alcaldías y gobernaciones), así como a contralorías y universidades, por falta de pago en sus obligaciones con la entidad.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, advirtió que las administraciones públicas del país deben más de $12 billones a la entidad por concepto de aportes pensionales y señaló que se iniciarán embargos y medidas judiciales contra los entes morosos si no se ponen al día con sus obligaciones.
“No hay una sola alcaldía ni gobernación que no deba en Colombia. Pero lo más grave: las universidades, las contralorías y las personerías también tienen deudas”, afirmó Dussán. El directivo hizo un llamado a los mandatarios locales y regionales para que incluyan en sus presupuestos el pago de estas deudas, al recordar que los recursos adeudados pertenecen a los trabajadores.
“Incluyan en sus presupuestos el pago de las deudas. Es plata que pertenece a los trabajadores”, insistió. La advertencia ocurre en un momento clave, cuando Colpensiones ya inició embargos a entidades como la Contraloría de Ibagué.
Primeros avances
La Ley 2381 busca establecer un sistema de pilares en el que todos los trabajadores del país estén afiliados a Colpensiones, eliminando la participación de los fondos privados. Según la entidad, de 25 millones de afiliados actuales, 17,5 millones están en los fondos privados y el resto en Colpensiones.
“Todos serían de Colpensiones si hay ley; no habría afiliados a fondos privados”, afirmó el presidente de la entidad, quien precisó que el principal desafío será la formalización laboral: más de 10 millones de personas están afiliadas, pero no cotizan.
El funcionario recordó que el nuevo esquema contempla un pilar solidario destinado a la población en pobreza extrema. “Ese bono pensional se paga hoy a 566.000 colombianos con $250.000 mensuales. A partir de enero se incrementará a $300.000 y beneficiará a 3,1 millones de personas, con un presupuesto superior a $9 billones”, indicó.
Bono pensional
El programa de bonos solidarios, de acuerdo con Colpensiones, permitirá sacar a más de tres millones de colombianos de la pobreza extrema. “Esa plata se mueve en el mercado popular. El pensionado no va a los grandes supermercados, sino a la tienda del barrio, donde se dinamiza la economía local”, sostuvo el presidente de la entidad.
El presupuesto nacional aprobado para Colpensiones asciende a $35 billones para 2026, frente a $29 billones en 2025, mientras que la nómina de pensionados alcanza los $75 billones anuales. Actualmente, Colpensiones paga mesadas a 1,87 millones de personas, con un promedio de 35.000 nuevas pensiones otorgadas cada año.
Formalización laboral
Asimismo, destacó la necesidad de que la reforma laboral —en trámite en el Congreso— avance para fortalecer el sistema pensional. “Más de 1,5 millones de trabajadores podrían formalizarse y empezar a cotizar. Eso aliviaría la sostenibilidad del sistema”, dijo.
De ser declarada exequible, la Ley 2381 entraría en vigencia en diciembre de 2025 o enero de 2026, según estimaciones del Gobierno. El objetivo de Colpensiones es recibir 200.000 nuevos afiliados antes de finalizar este año, como parte de la transición del régimen privado al público. “Nuestra aspiración es que la Corte Constitucional falle pronto. La ley fue bien tramitada y representa una oportunidad histórica para garantizar una vejez digna a millones de colombianos”, concluyó el presidente de Colpensiones.
Así va la Reforma Pensional
El próximo martes 14 de octubre, la Corte Constitucional iniciará la discusión sobre la Ley 2381 de reforma pensional, norma aprobada por el Congreso, sancionada por el presidente Gustavo Petro y que hoy se encuentra bajo control constitucional. El Gobierno nacional confía en que el alto tribunal falle antes de finalizar el año para dar vía libre a la implementación del nuevo sistema de pensiones.
“El magistrado ponente, que es el actual presidente de la Corte Constitucional, presentó inicialmente una ponencia negativa declarando inexequible la ley, pero no obtuvo mayoría”, explicó Dussán, quien confirmó que, tras un acuerdo unánime de nueve magistrados, la norma fue devuelta a la Cámara de Representantes para repetir la votación. “Se hizo en sesiones extraordinarias, se votó nuevamente igual y hoy está en control constitucional”, agregó.
