La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) compartió los riesgos que representa el Proyecto de Resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 701 028 de 2023, en el cual se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de Energía Mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño.
Desde la agremiación compartieron que esta decisión supondría un impacto en el costo de restricciones, lo que llevaría a un aumento de alrededor del 30% en el costo de energía para usuarios en el país: “Se pone en evidencia que, bajo la sombrilla de una intervención híbrida al precio de bolsa que mezcla un esquema marginal para plantas variables (Hidro, solar y eólicas) y uno de costos (térmicas), se establece un tope de $532/kWh al precio de venta de energía en bolsa, impactando negativamente al consumidor final al querer compensar esta acción con incrementos en el componente de las restricciones de la tarifa final de energía – entre COP$60 y COP$120 por kWh -, cálculos realizados por la misma CREG”, precisó Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía.
Como lo ha propuesto Asoenergía, la reforma del Mercado de Energía Mayorista debe ser estructurada y permanente hasta tanto no se recuperen los principios de competencia que se necesitan para su funcionamiento eficiente; y no debe hacerse a costa de una mayor tarifa en el Costo Unitario de prestación del servicio de electricidad como está propuesto. A su vez, Fonseca alertó sobre el impacto para la demanda, ya que la gran mayoría de los colombianos podrían estar pagando alrededor de 2.4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el Proyecto de Resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 701 028 de 2023, publicado para comentarios por esta Comisión a finales de diciembre.
En resumen, según la propuesta, la discrepancia entre el precio de la energía en la Bolsa y el precio ofrecido por el generador se trasladaría al usuario final mediante un cargo por Restricciones. Esto implica una socialización artificial de pérdidas, inicialmente asumidas por unos pocos (comercializadores), y las traslada al conjunto de los usuarios de energía eléctrica, quienes históricamente han experimentado impactos en su consumo y los pagos relacionados.
La directora Ejecutiva de Asoenergía reiteró que, adicionalmente, con la medida propuesta, se estaría perjudicando al 80% de los usuarios contratados con cobertura de precios, criterio totalmente ajeno a los objetivos de competencia que la Ley de Servicios Públicos promueve.
