La suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional trajo un respiro inmediato para el mercado de licores en Colombia. Con la decisión, el IVA para las bebidas alcohólicas regresa del 19% al 5%, lo que se traducirá en una reducción significativa en los precios finales del aguardiente y el ron, con rebajas que en algunos casos superan los $20.000 por botella.
Las principales licoreras del país confirmaron que el ajuste será inmediato. Desde la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) señalaron que, desde el 1° de enero, solo habían trasladado al consumidor el aumento del IVA, sin modificar de manera sustancial sus precios base. Con el fallo, ese incremento desaparece.
Según explicó Esteban Ramos, gerente de la FLA, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que hoy se consigue en grandes superficies alrededor de $54.000, bajará entre $7.000 y $8.000 con el retorno del IVA al 5%. Ramos advirtió que, de haberse mantenido el decreto, la empresa habría tenido que subir sus precios cerca de un 50%, un escenario que calificó como insostenible para el consumo legal.
El impacto también es notorio en la Industria Licorera de Caldas (ILC). Su gerente, Diego Angelillis Quiceno, detalló que el Ron Viejo de Caldas de 750 ml, que con la emergencia económica alcanzaba un precio sugerido de $84.604, volverá a costar cerca de $54.545. En el caso del Aguardiente Amarillo de Manzanares, el valor pasará de $71.112 a $49.705, una disminución que ronda los $21.000. Las rebajas responden, principalmente, a la eliminación del mayor IVA y a ajustes en el impuesto al consumo.
Beneficio para departamentos y lucha contra el contrabando
La decisión judicial no solo favorece a los consumidores. Los ingresos departamentales, que dependen en buena medida del impuesto al consumo de licores, también resultan protegidos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había advertido que el decreto obligaba a la FLA a transferir más de $720.000 millones al Gobierno Nacional, recursos que usualmente se destinan a salud y educación.
Desde la FLA insistieron en que un aumento cercano al 50% en los precios habría reducido drásticamente la demanda legal y fortalecido el mercado ilegal, donde el licor adulterado ya representa cerca del 30% del consumo total. Con la suspensión de las nuevas cargas impositivas, la empresa podrá mantener transferencias por alrededor de $1,15 billones a las regiones, sin castigar al consumidor.
En los canales de distribución, que ya habían aplicado incrementos de entre 10% y 15% ante la incertidumbre jurídica, se espera un ajuste a la baja en los próximos días, reactivando un mercado que se había frenado desde comienzos de año.
Una decisión inédita de la Corte
El alto tribunal adoptó la medida con seis votos a favor y dos en contra, en lo que se convierte en la primera suspensión cautelar de un estado de excepción antes de una decisión de fondo. La ponencia del magistrado Carlos Camargo concluyó que no existían hechos nuevos que justificaran que el Gobierno creara impuestos sin pasar por el Congreso.
Mientras la Corte se prepara para emitir su fallo definitivo, previsto para inicios de marzo, el sector licorero celebra el alivio. La expectativa de las empresas es clara: precios más bajos, mayor consumo legal y un golpe al contrabando, en un mercado que vuelve a tomar aire.
