El gremio de la construcción en Risaralda advirtió que el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta las consecuencias en los costos de producción y en la oferta final del sector al incrementar el salario mínimo en un 23,7 %.
De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el aumento del salario mínimo tendrá un impacto en el sector de la vivienda del país, especialmente en la vivienda de interés social y prioritario. Esta situación, aseguran, se convierte en una grave afectación para los hogares colombianos que aspiran a tener vivienda propia, al ver frustrado su proyecto familiar, señaló Víctor Baza Tafur, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Risaralda.
El problema, indicó, se materializa al momento de la escrituración, cuando el valor final del inmueble se liquida con el salario mínimo vigente. Muchos hogares estructuraron su cierre financiero en 2024 proyectando incrementos moderados del salario —entre el 10 % y el 12 %—, pero el aumento decidido por el Gobierno Nacional superó ampliamente esas previsiones. “Ese salto saca a muchos hogares de la posibilidad real de cerrar su negocio, porque el salario mínimo elevado incrementa de inmediato el valor de la vivienda”, advirtió.
¿Cuánto quedó valiendo la vivienda?
Baza reconoció que, aunque en 2025 se registró una reducción en desistimientos y renuncias pese al cierre del programa ‘Mi Casa Ya’ y a la eliminación del giro de subsidios, muchos hogares hicieron esfuerzos adicionales para no perder su inversión. Sin embargo, el panorama para 2026 es más complejo. Según sus cálculos, el aumento del salario mínimo eleva el valor de la vivienda de interés social en cerca de 43 millones de pesos, lo que podría revertir esa tendencia y generar nuevos desistimientos.
Las cifras lo constatan: la vivienda de interés prioritario (VIP) pasó de costar 117 millones de pesos en 2024 a 128,1 millones en 2025, y con el ajuste salarial de 2026 alcanzará los 157,2 millones. En el caso de la VIS, que equivale a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el valor subió de 175,5 millones en 2024 a 192,1 millones en 2025, y para 2026 llegará a 235,8 millones de pesos.
A este escenario se suman los altos costos de producción. “En Pereira el suelo es costoso, los materiales siguen elevados y los costos financieros, aunque han mejorado, aún no están en niveles óptimos. Sin subsidios suficientes, el esfuerzo que debe hacer el hogar es cada vez mayor”, explicó.
Sobre los apoyos institucionales, Baza precisó que los subsidios de las cajas de compensación son limitados y que el departamento carece de subsidios locales, a diferencia de regiones como Antioquia, Atlántico, Córdoba, Bogotá, Cundinamarca o Valle del Cauca. “Aquí no hay aportes de alcaldías ni de la Gobernación para vivienda social, y eso también restringe el acceso”, afirmó.
Finalmente, cuestionó los señalamientos del presidente de la República contra los constructores por el aumento en los precios. “La vivienda no sube porque los constructores quieran. Sube porque está indexada al salario mínimo, y esa es una decisión del propio Gobierno”, subrayó.
A tener en cuenta
De cara a 2026, Baza anticipó un escenario de incertidumbre en Risaralda. Aunque hay obras en ejecución, los lanzamientos se redujeron, lo que afecta las proyecciones a mediano plazo y el empleo en la cadena de valor del sector. El segmento no VIS cerró 2025 con un mejor comportamiento que la VIS, y las expectativas para este año no son alentadoras. “Los gobiernos locales y la Gobernación tendrán que tomar decisiones si se quiere evitar que más hogares queden por fuera del acceso a la vivienda social”, concluyó.
