Para los 12 municipios de Risaralda, se evidenció una alta dependencia de transferencias nacionales, diferencias marcadas en la capacidad de recaudo propio y un superávit conjunto que deberá incorporarse al presupuesto de 2025.
La Contraloría General de Risaralda presentó el Informe Financiero de Administraciones Municipales, un análisis técnico sobre el comportamiento fiscal de los 12 municipios del departamento durante 2024. El documento consolida información proveniente de contralorías municipales, entidades financieras y cuentas institucionales, y se constituye como una herramienta para la toma de decisiones, el control fiscal y la evaluación de la deuda por parte de los entes públicos y órganos legislativos.
De acuerdo con el informe, Santa Rosa de Cabal fue el municipio con mayores ingresos ejecutados en 2024, al alcanzar $145.800 millones. En un segundo grupo se ubicaron seis municipios con ingresos entre $60.000 millones y $35.000 millones: La Virginia, Belén de Umbría, Quinchía, Pueblo Rico, Mistrató y Marsella. La Virginia encabezó este bloque, mientras que Marsella lo cerró con $35.200 millones.
En el rango inferior, cinco municipios no superaron los $28.000 millones en ingresos: Apía, Guática, Santuario, Balboa y La Celia. Apía lideró este grupo y La Celia ocupó el último lugar, con un recaudo de $18.000 millones.
Superávit fiscal y recursos del balance
El ejercicio fiscal de 2024 cerró con un superávit conjunto de $69.500 millones, recursos no ejecutados que deberán incorporarse al presupuesto de 2025 como recursos del balance. Municipios como La Virginia, La Celia, Quinchía, Apía y Belén de Umbría no superaron el 9% de superávit. En contraste, Santuario, Balboa, Mistrató y Guática registraron entre 9,4% y 11,2%, mientras que Marsella, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal alcanzaron niveles entre 16% y 19%.
En términos absolutos, La Celia presentó el menor superávit, con $1.192 millones, y Santa Rosa de Cabal el mayor, con $27.366 millones.
Composición del ingreso
Históricamente, los 12 municipios de Risaralda dependen de las transferencias nacionales, principalmente del Sistema General de Participaciones. Pueblo Rico es el más dependiente, con un 85% de sus ingresos provenientes de estas fuentes, mientras que Santa Rosa de Cabal, Balboa y La Virginia registran las menores dependencias, por debajo del 66%.
Los ingresos corrientes representan entre el 7% y el 31% del total, destacándose Balboa con el mayor porcentaje (31%). En los últimos lugares se encuentran Quinchía, La Celia y Pueblo Rico. Los recursos de capital son los menos representativos y provienen, en su mayoría, del balance fiscal de la vigencia anterior.
Para Óscar Andrés Jiménez, asesor del Laboratorio de Desarrollo Territorial de la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda, “la dependencia de las transferencias es un fenómeno estructural de la mayoría de los municipios del país, especialmente los más pequeños o de quinta y sexta categoría”. Según explicó, en los municipios con mayor actividad económica la dependencia es menor, como ocurre en Balboa, donde la presencia del Ingenio Risaralda fortalece el recaudo de impuestos locales, y en Santa Rosa de Cabal, con una economía diversa, terciaria y urbana.
Gasto público: inversión como eje
La inversión fue el principal componente del gasto municipal. Santa Rosa de Cabal lideró con $94.800 millones, seguida de La Virginia ($48.900 millones), Quinchía ($45.100 millones), Belén de Umbría ($44.500 millones) y Mistrató ($38.800 millones). En ejecución de la inversión, Pueblo Rico alcanzó el 92,3%, Quinchía el 92% y Mistrató el 91,7%. Los demás municipios se ubicaron en rangos entre 80,1% y 89,5%. Los gastos de funcionamiento oscilaron entre 7,6% y 18,7%, con Mistrató en el nivel más bajo y Santa Rosa de Cabal en el más alto.
Al respecto, Jiménez destacó que no se ve “una proporción excesivamente alta en gastos de funcionamiento en ninguno de los municipios del departamento. Todos están por debajo del 20%. Es como un poco el estándar a nivel nacional”.
El analista también subrayó que el fortalecimiento de los ingresos propios está estrechamente ligado a la gestión institucional. “Que el catastro esté actualizado y que las secretarías de Hacienda tengan capacidad de cobrar y recaudar efectivamente impuestos como el predial y el de industria y comercio”. También advirtió que el gasto público en Colombia es poco flexible, ya que cerca del 90% del presupuesto está comprometido por normas legales.
