El próximo aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 no solo enfrenta a Gobierno, sindicatos y empresarios en la mesa de concertación, sino que también ha encendido las alarmas sobre un posible deterioro en la cobertura de salud y protección social de millones de colombianos que hoy dependen del Sisbén.
La negociación arrancará formalmente el 1 de diciembre de 2025, con un punto de partida ambicioso: el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha planteado un incremento del 11 %, lo que llevaría el salario mínimo mensual de $1.423.500 a $1.580.085 (sin auxilio de transporte).
La propuesta se da en un contexto en el que la inflación anual a octubre se ubicó en 5,51 %, según el Dane, y la productividad total de los factores aumentó 0,91 %, dos variables clave para la discusión.
Del otro lado, los gremios empresariales y centros de investigación como Fedesarrollo insisten en un ajuste más moderado, de entre 6 % y 7 %, con el argumento de proteger la formalidad laboral y evitar nuevas presiones inflacionarias. Los sindicatos, en particular la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), consideran que el aumento no debería ser inferior al 11 %, al señalar que el salario debe acercarse más al costo real de la canasta básica.
Un cronograma apretado
La mesa de concertación salarial quedará instalada el 1 de diciembre. El Dane publicará el IPC de noviembre el próximo 6 de diciembre, dato que suele ser decisivo para el porcentaje final. El primer plazo legal para lograr un acuerdo vence el 15 de diciembre; de no haber consenso, se abre una fase extraordinaria. Si persiste el desacuerdo, el Gobierno podría definir el salario mínimo por decreto antes del 30 de diciembre, como ya ha ocurrido en años anteriores.
Preocupación de las pymes y advertencia de Acopi
La presidenta ejecutiva nacional de Acopi, María Elena Ospina, advirtió que la concertación tripartita será particularmente compleja este año debido al “piso” de dos dígitos fijado por el Gobierno.
“Haber colocado ya el Gobierno un piso de dos dígitos complica un poco la negociación”, señaló, al tiempo que subrayó que un aumento alto del mínimo termina trasladándose al costo de prácticamente todos los productos de la canasta familiar.
Ospina insistió en que primero deben conocerse las cifras definitivas del IPC antes de entrar en la fase decisiva y alertó que un incremento de dos dígitos podría terminar siendo poco representativo en términos de salario real si los costos suben al mismo ritmo.
Mercado laboral frágil y el riesgo sobre el Sisbén
El contador público y analista Ángel Gerardo Escobar, en su pódcast “Lo que no son cuentos son cuentas”, hizo un diagnóstico crudo del mercado laboral colombiano, basado en cifras oficiales:
De cada 10 personas en edad de trabajar, una está desempleada,
seis son independientes (la mayoría en informalidad),
y solo tres tienen empleo formal.
De esos independientes, solo uno supera el salario mínimo, otro apenas lo alcanza y los otros cuatro sobreviven con ingresos por debajo de ese umbral. Entre los formales, uno gana el mínimo, 1,5 reciben entre uno y cinco salarios mínimos y apenas 0,5 superan esa franja.
Escobar advierte que, si cinco de cada diez personas ganan menos del mínimo o están desempleadas, resulta inviable que coticen los cerca de $406.000 mensuales para salud y pensión, por lo que muchos quedan dependiendo de familiares formales, del Sisbén o, en el peor de los casos, sin cobertura alguna.
En ese escenario, un aumento fuerte del salario mínimo podría tener un efecto paradójico: subir el costo de la cotización y de los servicios atados al mínimo, dejando a más personas fuera del sistema contributivo y presionando el Sisbén IV, que clasifica a la población en grupos A, B, C y D, según pobreza, vulnerabilidad e ingresos.
Vivienda VIS, canasta y administración: otros frentes sensibles
El impacto del salario mínimo no se queda en la nómina. Escobar recuerda que el tope de la vivienda de interés social (VIS) se fija en función del salario mínimo, lo que encarece el acceso para seis de cada diez personas que ya están lejos de poder comprar casa.
Para 2025, el techo VIS es de hasta 150 salarios mínimos (unos $213,5 millones) en ciudades principales, y 135 salarios mínimos (unos $192,1 millones) en el resto del país. Cada aumento del salario mínimo sube ese tope y, con él, los precios de los proyectos, alejando aún más el sueño de vivienda propia para los hogares de menores ingresos.Alegra Blog+1
A esto se suma el encarecimiento de la canasta familiar por el aumento de los costos de mano de obra, y el ajuste de las cuotas de administración en conjuntos residenciales, donde cerca del 60 % del gasto corresponde a aseo y vigilancia, rubros atados al salario mínimo. Esto puede traducirse en cuotas que suben por encima del IPC e incluso en sustitución de personal por sistemas automatizados.
Pymes en la cuerda floja
El experto también recordó que el 98 % de las empresas activas en Colombia son pymes, responsables de la mayor parte del empleo formal. Estas compañías operan con márgenes reducidos y son especialmente sensibles a incrementos de nómina: un aumento del 10 % en salarios puede ser insostenible si solo pueden trasladar un 5 % al precio final de sus productos o servicios.
En ese contexto, Escobar advierte que un incremento del salario mínimo por encima de la inflación podría derivar en recortes de personal, más informalidad e incluso cierres de negocios, con efectos que no se verían de inmediato, sino en el mediano plazo, a medida que empresas y conjuntos residenciales ajusten presupuestos y tomen decisiones en asambleas y renovaciones de contratos.
Su conclusión es contundente: solo dos de cada diez personas se benefician de forma directa de un aumento del salario mínimo por encima del IPC, mientras que para seis de cada diez el panorama se complica por el encarecimiento generalizado de bienes y servicios básicos.
En las próximas semanas, la mesa de concertación tendrá el reto de encontrar un punto de equilibrio entre mejorar el ingreso de los trabajadores y no ahondar los problemas estructurales del mercado laboral ni debilitar aún más la ya frágil red de protección social que representa el Sisbén.
