El reciente Decreto 0572 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que modifica el sistema de autorretención en la fuente para el año gravable 2025, ha generado alerta entre expertos económicos y empresarios, debido a sus posibles impactos negativos en las finanzas de las pequeñas y microempresas colombianas.
El decreto busca que ciertos contribuyentes, especialmente en sectores como la minería, energía, construcción y servicios públicos, anticipen el pago de impuestos sobre la renta para que el anticipo requerido en 2026 sea menor. Esta medida representa un cambio en la dinámica del recaudo tributario, intentando dar mayor predictibilidad tanto a la administración tributaria como a los contribuyentes.
Sin embargo, la decisión ha sido criticada con dureza por figuras como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien señaló en una videocolumna que el gobierno “se jinetea recursos de 2026 en 2025”, es decir, adelanta la recaudación de impuestos correspondientes a un año para cubrir necesidades fiscales inmediatas.
Restrepo advirtió que esta práctica puede provocar que muchas micro y pequeñas empresas “tendrán que endeudarse” para cumplir con las nuevas obligaciones tributarias. Explicó que algunos sectores tendrán que pagar hasta tres veces más en retención en la fuente que el año anterior, a pesar de que se les redujo la base sobre la cual se aplica dicha retención.
“Esto afecta de manera directa a los micro y pequeños empresarios de Colombia, quienes deberán buscar financiamiento para cubrir estas cargas extras, complicando su liquidez y operación diaria”, afirmó.
Desde el Ministerio de Hacienda, la explicación oficial indica que el decreto pretende “suavizar el recaudo tributario”, logrando que los pagos sean más equilibrados y predecibles en los próximos años, evitando la exigencia de anticipos elevados. La medida será implementada de forma gradual, con vigencia desde el 1 de junio de 2025.
Sectores como la extracción de gas natural, minería de oro y otros metales preciosos, generación de energía eléctrica, tratamiento de aguas y construcción serán los más afectados por las tarifas más altas, que oscilan entre el 3,5 % y 4,5 % en autorretención en la fuente.
Esta reforma tributaria, aunque con la intención de mejorar la gestión del recaudo, genera incertidumbre sobre la capacidad de pago de las pequeñas empresas y la sostenibilidad fiscal del país, a medida que se adelantan ingresos previstos para años futuros.
¿Qué sigue?
Las micro y pequeñas empresas deberán ajustar sus flujos de caja y planificar cuidadosamente sus finanzas para afrontar el nuevo esquema tributario. Por su parte, la opinión pública y los sectores económicos estarán atentos a la evolución del impacto de esta medida, mientras crece el debate sobre las prioridades fiscales del gobierno y el equilibrio entre sostenibilidad económica y carga impositiva.
