Colombia enfrenta un panorama energético complejo que podría derivar en cortes de energía o incluso en un apagón en los próximos años, si no se adoptan medidas oportunas para fortalecer la matriz eléctrica del país.
El fantasma de un inminente apagón vuelve a rondar el país. Desde hace más de dos años, los gremios de generadores han advertido sobre los riesgos de un déficit energético. A pesar de ello, los anuncios del Gobierno Nacional sobre medidas regulatorias se han quedado en el papel, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre en el sector.
Según explicó Camilo Prieto Valderrama, investigador y profesor de energía y sostenibilidad de la Universidad Javeriana, el país atraviesa dos limitantes simultáneas: un déficit en la generación eléctrica y una escasez de gas natural. Ambas problemáticas están estrechamente relacionadas y se agravan por los retrasos en proyectos estratégicos que debían entrar en operación entre 2025 y 2027.
Los planes del Gobierno Nacional preveían que, para 2027, entrarían en funcionamiento tres proyectos eólicos en La Guajira, con una capacidad conjunta de 905 megavatios (MW). Sin embargo, dos de las empresas responsables —EPM y EPR— se retiraron de los proyectos, que finalmente fueron transferidos a Ecopetrol. “Aun si Ecopetrol hiciera sus mejores esfuerzos, esos proyectos no estarían listos antes de dos años”, advirtió Prieto.
Impacto en el Eje
El déficit proyectado para 2027 es de 205 MW en capacidad instalada, a lo que se suma el retraso de la línea colectora, infraestructura clave para conectar la energía eólica de La Guajira con el resto del país. “Esto genera limitantes para todo el sistema interconectado nacional. Lo que pasa en La Guajira afecta directamente a Bogotá, Medellín y al Eje Cafetero”, precisó el experto.
Sobrecostos en el gas natural
A la crisis eléctrica se suma el déficit de gas natural, resultado del agotamiento de las reservas nacionales. Colombia ha debido incrementar la importación de gas natural licuado (GNL) para suplir la demanda de las térmicas y del consumo domiciliario. “Cada vez la cuota de gas importado es mayor, pero el país tiene una capacidad límite para regasificarlo”, explicó Prieto.
Actualmente, Colombia cuenta con una sola planta regasificadora, ubicada en Cartagena, diseñada originalmente para atender las necesidades de las térmicas y no las del uso doméstico. “El problema no se soluciona simplemente trayendo más gas, porque no hay cómo regasificarlo”, añadió el investigador.
El proceso de regasificación consiste en convertir el gas licuado importado —transportado a temperaturas de hasta -160 grados— nuevamente en estado gaseoso. Esta infraestructura limitada restringe la capacidad del país para responder al aumento de la demanda y encarece el servicio. “El gas importado es más costoso y más contaminante, y ese costo inevitablemente lo pagará el usuario final”, puntualizó.
Alzas de tarifas
De acuerdo con las proyecciones de Prieto, el país podría enfrentar cortes de gas en 2026 y racionamientos de energía eléctrica en 2027 si no se toman medidas urgentes. “Ya se están aplicando racionamientos para el sector industrial por mantenimiento en la regasificadora. Es un racionamiento, se vea como se vea”, señaló.
El experto explicó que, mientras la industria ha sido el primer sector afectado, los hogares podrían sentir los efectos en el mediano plazo. “En 2026 hay una probabilidad media de cortes del servicio de gas domiciliario y una alta probabilidad de cortes eléctricos en 2027”, advirtió.
Además, el costo de la energía seguirá en ascenso. “Entre menos energía disponible haya, más cara será. Es indeseable, pero normal que ocurra”, sostuvo. El incremento de tarifas afectará a todos los consumidores, incluidos los del Eje Cafetero, que dependen del mismo sistema interconectado nacional.
Cargo por confiabilidad
Por su parte, la gerente de Energía de Pereira, Yulieth Porras, cuestionó que la falta de regulación haya llevado al país a una situación crítica: “Llevamos más de tres años escuchando anuncios del Gobierno sobre la revisión del cargo por confiabilidad, pero todo se queda en promesas. No se ha regulado ni se ha puesto un techo al precio del kilovatio hora en la bolsa”.
Este cargo, creado para garantizar la disponibilidad de energía en momentos críticos, ha representado un costo significativo para los usuarios. Según explicó Porras, los colombianos han pagado más de 90 billones de pesos por este concepto, que equivale a cerca de 6 billones de pesos anuales, incluidos en la tarifa eléctrica.
“Anunciaron que tenemos embalses llenos y precios de kilovatios superiores a los 400 pesos, y finalmente no ha pasado nada. Seguimos en lo mismo: no hay regulación, y esa falta de control o de acción por parte del Estado ha llevado a que en este momento tengamos una crisis tan importante en el sector energético. Eso, precisamente, ha derivado en la crisis de Air-e, hoy más agudizada por la administración del Gobierno Nacional”, indicó.
