El primer incremento del 4,64 % regirá desde el 31 de diciembre, seguido de un segundo ajuste del 5,1 % en enero, alcanzando un alza total del 9,28 %. Estas medidas buscan compensar el congelamiento de tarifas en 2023, pero generan preocupación entre los usuarios.
El Ministerio de Transporte dio a conocer el proyecto de resolución mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro establecerá los incrementos en las tarifas de los peajes a nivel nacional, programados para antes de finalizar 2024.
Según el documento, el primer ajuste será del 4,64 % y entrará en vigor a partir del próximo martes 31 de diciembre de 2024. Además, se prevé un segundo aumento, del 5,1 %, que será implementado a mediados de enero de 2025. Esto completará un incremento total del 9,28 %, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en 2023.
La normativa establece que las tarifas aplicarán a los peajes administrados tanto por el Instituto Nacional de Vías (Invías) como por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En el caso de los peajes a cargo del Invías, los incrementos se reflejarán cada 16 de enero, tomando como base el IPC decretado por el Dane para el año inmediatamente anterior.
Incrementos en los peajes más caros
Con estos ajustes, estos serían los precios de algunos de los peajes para la categoría I: el peaje Pipiral, ubicado en la vía al Llano, tendrá un valor de 27.700 pesos; el del Túnel de Oriente, que conecta Medellín con Rionegro, costará 23.800 pesos; y el peaje Aburrá – Túnel de Occidente, que conecta Medellín con esta subregión de Antioquia, tendrá un costo de 21.500 pesos.
Por otro lado, el peaje de Circasia, el cuarto más caro de Colombia, ubicado en la Autopista del Café entre los departamentos de Quindío y Risaralda, tendría una tarifa de 20.500 pesos. El peaje de Palmitas, en la vía Medellín – Santa Fe, quedaría con un costo de 19.200 pesos.
Contexto y reacción
El Gobierno justifica estos incrementos como parte de las medidas para compensar el congelamiento de las tarifas en 2023. La ministra de Transporte, María Constanza García, señaló que estas decisiones buscan mantener los ingresos necesarios para el mantenimiento y operación de la infraestructura vial.
Sin embargo, las medidas han generado preocupación entre los usuarios de las vías, quienes perciben los aumentos como un golpe al bolsillo, especialmente en un contexto de alta inflación. Analistas y gremios del transporte están atentos a las cifras finales del IPC de 2024, que determinarán el impacto real del segundo ajuste previsto para enero.
