Ante el decreto publicado para consulta por el MinEnergía esta semana, las generadoras advirtieron que no tendrán la suficiente energía firme para cubrir la demanda general.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), compartió, en entrevista para El Diario del Otún, la posición del gremio de las generadoras de energía sobre la limitada capacidad con la que cuentan para abastecer la demanda general, y destacó la posibilidad de que, para el año 2028, haya un apagón en el país.
Lo anterior, en relación con el decreto publicado para comentarios por parte del Ministerio de Minas y Energía, el cual indica que se impondrán límites al costo de la energía en Colombia, como una medida para reducir la carga económica de los hogares de todos los estratos.
¿Qué dice el decreto?
El borrador del decreto, publicado esta semana para comentarios, establece una regulación que obligaría a las generadoras, en especial a las hidráulicas, a vender más energía a través de contratos diarios, reduciendo así la exposición al mercado de bolsa, donde los precios suelen ser más volátiles, especialmente durante los periodos de sequía.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida y explicó su objetivo: “Con esta medida, se tiene la expectativa de que, en los periodos de sequía en los que la energía es más costosa, pueda disminuir su precio entre $20 y $120 por cada kilovatio-hora, dependiendo de la severidad de la sequía y del comportamiento de los precios en bolsa”. De esta manera, las empresas que generan energía a partir del agua deberán vender al menos el 95 % de su energía a un precio estable a través de contratos.
Un decreto loable
Desde la Andeg, sin embargo, aunque se reconocen las intenciones del decreto, se plantean serias inquietudes frente a su viabilidad técnica. “Compartimos los objetivos, porque no es un decreto que habla de precios. Por el contrario, es un decreto que lo que busca es agregar mayor nivel de contratación a los usuarios del país”, sostuvo Castañeda. Agregó que, actualmente, el nivel de contratación en Colombia es del 85 % del total nacional, lo que implica que “la energía en bolsa pesa entre el 15 % y un 20 %, dentro del componente de generación y, dentro de la tarifa, pesa más o menos un 5 %”.
Aunque calificó el decreto como “loable”, expresó su preocupación sobre la factibilidad de cumplir con ese requerimiento. “Ahora, donde tengo algunas dudas es qué tanta energía va a aparecer en esos contratos. Porque, como está definido ahí, se vuelve una obligación para los generadores hidráulicos. El tema es que no necesariamente vas a tener siempre el agua disponible para poder vender esos contratos todo el tiempo”, advirtió.
Capacidad insuficiente
El dirigente gremial también advirtió sobre el rezago en la entrada de nuevos proyectos de generación: “Lo que hemos visto durante estos últimos tres años es que ha entrado entre el 17 % y el 25 % de lo que debe entrar en generación, y no están entrando por temas de seguridad, licenciamiento, consulta previa; por ese tipo de cosas no estamos siendo efectivos en esa capacidad de generación”.
Y añadió: “Estamos viendo un hueco muy grande del año 2028 y 2029 de más o menos el 5 % al 7 % de esa energía firme”. En su opinión, el país necesita aumentar urgentemente la capacidad de generación, y no solo a través de fuentes renovables, sino también convencionales. “Aquí lo que tenemos que hacer es que tiene que entrar una capacidad de generación sí o sí, y particularmente de fuentes, no solamente renovables, sino también de fuentes convencionales, como la hidráulica, la térmica o incluso carbón y gas”, finalizó Castañeda.
En cuanto al impacto para los usuarios, el dirigente gremial explicó que el decreto busca que empresas como la de Energía de Pereira incrementen su número de contratos, lo que permitiría mayor estabilidad en los precios. Pese a que en regiones como Risaralda no existe una generación de gran escala, el sistema nacional permite que los beneficios se extiendan a través del interconectado.
Según el Ministerio, esta medida podría traducirse en un alivio para los hogares: “este decreto podría beneficiar a los usuarios más o menos para alguien que pagó una factura de 100.000 pesos. En pagar más o menos entre 88.000 y 98.000, pero en los momentos de sequía”, indicó el líder gremial.



