La eliminación progresiva del impuesto a las transacciones financieras, conocido como 4×1.000, volvió al centro del debate económico. La propuesta fue presentada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que sugiere al próximo Gobierno trazar un plan de desmonte gradual en un plazo de ocho años.
El presidente del gremio, José Ignacio López, sostuvo que este gravamen desincentiva la formalización de pequeños negocios, especialmente microempresas, al encarecer las operaciones financieras. A su juicio, esto termina reduciendo la base tributaria y limitando el crecimiento productivo del país.
Aunque el impuesto representa una fuente importante de ingresos para el Estado, su retiro inmediato no sería viable por la estrechez fiscal. Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en 2025 el 4×1.000 aportó $1,91 billones al recaudo nacional, en un año en el que los ingresos tributarios totales quedaron por debajo de la meta oficial.
La propuesta contempla iniciar una reducción paulatina del impuesto y acelerar su eliminación si mejoran las finanzas públicas y aumenta la formalización empresarial. De acuerdo con datos del Banco de la República, la informalidad empresarial supera el 90% en el país, mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reporta que más del 90% de las compañías son microempresas, segmento donde el fenómeno es más marcado.
En materia laboral, la informalidad también sigue siendo alta, con una tasa cercana al 56% al cierre de 2025, lo que evidencia los retos estructurales del mercado colombiano.
Para la Anif, mantener el 4×1.000 como fuente de recursos debe sopesarse frente a su impacto en la formalización y el desarrollo económico. El gremio insiste en que definir una hoja de ruta clara permitiría avanzar en la eliminación del tributo sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
