A través de un borrador de decreto, el Gobierno planea subir el precio del ACPM para vehículos particulares y oficiales, ajustándolo al valor internacional.
Los ministerios de Hacienda y Minas y Energía publicaron para consulta un proyecto de decreto que busca aliviar la presión fiscal sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), con un ahorro estimado de $360 000 millones en 2025. Para ello, se propone modificar los decretos 1068 y 1073 de 2015 e implementar un esquema de precios diferenciado para automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos de servicio particular, diplomático y oficial. Esto implicaría un aumento en el precio del ACPM, que se alinearía con el valor internacional y supondría un alza cercana a los $15 000 por galón. La medida no aplicaría al transporte público ni de carga.
Se aplicaría en Risaralda
De acuerdo con el proyecto de decreto, la medida no se implementaría de forma inmediata ni generalizada. El documento plantea una etapa piloto en algunas regiones del país, y en el caso de Risaralda, se proponen como parte del programa inicial los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia.
Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, explicó los motivos fiscales detrás de la iniciativa: “Se quiere desmontar el subsidio al ACPM debido al hueco fiscal que hay y también a que, en muchos casos, el precio del ACPM no refleja el valor internacional. Esto compromete las finanzas públicas, pues el subsidio actual resulta excesivo. Lo que se busca es que se pague un precio más real y que eso alivie las finanzas del país”.
Como parte de los argumentos, ambas carteras indicaron que “el FEPC, en la práctica, ha entregado subsidios implícitos durante la mayor parte de su operación. A pesar de que esta estabilización de precios nace con el objetivo de mitigar (mas no subsidiar) el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo sobre los consumidores colombianos, el funcionamiento del fondo ha mostrado múltiples ineficiencias en la asignación del gasto público. Ciertamente, los recursos destinados a este fondo podrían reorientarse hacia programas de gasto público social o inversión con tasas de retorno sociales y económicas más altas que los destinados a los combustibles líquidos, generando, por ejemplo, aumentos en las capacidades de la población o en la infraestructura física del país (…)”, se lee en el documento.
¿Qué dice el gremio?
Por su parte, José Alberto Arias, presidente ejecutivo de Imzacom, gremio de distribuidores de combustibles, advirtió sobre los riesgos por la aplicación parcial del decreto, que solo se aplicaría en ciertos municipios del país en su fase inicial.
“Se trataría, aparentemente, de una prueba piloto. Incluso, el propio ministro de Minas ha dicho que están abiertos a recibir ideas de facultades de ingeniería del país para encontrar soluciones. Lo cierto es que el Gobierno aún no sabe cómo aplicar esta medida, y hacerlo solo en algunas regiones implica riesgos, como la aparición de mercados paralelos o distorsiones en la cadena de distribución”, advirtió Arias. Sobre Risaralda, reiteró que: “Estas serían algunas de las ciudades que podrían ser incluidas en la prueba piloto. Pero sin conocer cómo operaría el esquema, es difícil anticipar los efectos”.
Incertidumbre logística
El presidente de Imzacom también expresó su preocupación sobre la capacidad del gremio para ejecutar el posible nuevo modelo: “Nosotros estamos atentos como servicio público esencial, como lo establece la ley 39 de 1987, pero no tenemos la capacidad operativa ni financiera para asumir este tipo de cambios, si el Gobierno decide delegarnos esa responsabilidad”.
Finalmente, recalcó que la implementación requeriría inversión en tecnología especializada: “Eso tiene que ser a través de unos programas especiales, de tecnología que el Gobierno y el Ministerio tendrán que definir y hacer las inversiones necesarias”.
