La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la prórroga hasta el 31 de enero de 2026 del acuerdo que fija un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, mecanismo que fue implementado tras el paro nacional de productores en julio de este año.
La decisión, conocida en primicia por La W, busca mantener la estabilidad del mercado y garantizar condiciones justas de comercialización para los agricultores en medio del proceso de recolección de la cosecha.
Desde agosto de 2025, el Gobierno Nacional estableció un esquema de libertad regulada en los precios del arroz, lo que implica reconocer los costos reales de producción mediante la definición de un precio mínimo de adquisición, determinado según la zona y calidad del grano.
De acuerdo con la SIC, el acuerdo ha tenido efectos positivos:
“Los productores de arroz paddy verde han recuperado su liquidez”, señaló la entidad en el documento oficial.
Razones de la prórroga
La Superintendencia explicó que el acuerdo debía extenderse por dos motivos principales. En primer lugar, aún no se han evacuado por completo los inventarios de arroz paddy seco, lo que podría afectar el equilibrio del mercado si se eliminara la regulación de manera anticipada.
“Mantener la estabilidad en los precios mientras se normaliza la situación de oferta es necesario para garantizar la estabilidad de la cadena productiva”, agregó la SIC.
En segundo lugar, el organismo advirtió que entre octubre y diciembre de 2025 se desarrolla la cosecha de arroz en los departamentos de Tolima, Huila, Santander y Norte de Santander, que abarca unas 70.622 hectáreas y generará cerca de 429.444 toneladas de arroz paddy verde.
Ante este escenario, la Superintendencia considera “necesario garantizar condiciones mínimas de comercialización para los productores” y evitar una caída abrupta en los precios durante la cosecha, lo que podría poner en riesgo la liquidez del sector.
Un respiro para el sector arrocero
El acuerdo, que surgió como parte de los compromisos del Gobierno con los arroceros tras las manifestaciones de julio, permitió estabilizar temporalmente el mercado y mejorar el flujo de ingresos de los productores.
Con la prórroga hasta enero de 2026, la SIC busca asegurar la sostenibilidad de la cadena arrocera, mantener la confianza entre los agricultores e industriales y evitar nuevas tensiones en un sector que ha sido clave para la seguridad alimentaria del país.
