La entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025 provocó un fuerte incremento en los precios de licores y cigarrillos en Colombia, encendiendo la alarma entre consumidores, autoridades regionales y la industria. La medida, adoptada en el marco de la emergencia económica, busca aumentar el recaudo nacional en más de 11 billones de pesos, pero tiene un impacto directo en el bolsillo de los colombianos.
Impuestos más altos y precios al alza
El cambio más significativo del decreto es el aumento del IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5 % al 19 %. A esto se suma un incremento del 119 % en el componente específico del impuesto al consumo, que subió de 342 a 750 pesos por grado alcoholimétrico en botellas de 750 mililitros.
Además, el componente ad valorem del impuesto al consumo aumentó del 25 % al 30 %, afectando aguardientes, rones, whiskys y demás licores.
En el caso de los cigarrillos, el impuesto por cajetilla pasó de poco más de 4.000 pesos a más de 11.000, es decir, más del doble del valor anterior, según datos revelados por Caracol Radio.
Nuevos precios de licores
La Industria Licorera de Caldas (ILC) y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) divulgaron los nuevos precios sugeridos para 2026:
Aguardiente Amarillo de Manzanares (750 ml): de $49.705 a $71.112 (43 % más).
Ron Viejo de Caldas tradicional (750 ml): de $54.545 a $84.604 (55 % de incremento).
Aguardiente Antioqueño (750 ml): solo en impuestos pasó de $17.500 a $33.000, un alza superior al 48 %.
Rones: aumentos superiores al 45 % en el precio final.
En whiskys importados, los ajustes también se sienten: Old Parr 12 años pasó de rangos entre $135.000 y $165.000 a valores entre $136.000 y $178.000, mientras que Buchanan’s estándar subió de $147.000–$180.000 a $170.000–$215.000, según presentación y región.
Impacto económico y alertas regionales
La industria licorera representa cerca del 1,5 % del PIB y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, autoridades departamentales advierten que el nuevo esquema tributario podría afectar gravemente los ingresos regionales, pues recursos que antes financiaban salud, educación y deporte ahora irán principalmente al Presupuesto General de la Nación.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que si las ventas caen, el departamento podría dejar de recibir hasta 200.000 millones de pesos, poniendo en riesgo proyectos sociales como viviendas de interés social para 12.000 familias.
Riesgo de contrabando y mercado ilegal
Desde la industria también alertan por un posible aumento del contrabando y el licor adulterado. La ILC estima que cerca del 24 % del licor consumido en Colombia es ilegal, cifra que podría crecer con el encarecimiento de los productos formales, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y la recaudación departamental.
El analista Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, explicó que las bebidas alcohólicas representan el 3,88 % del gasto de los hogares y cerca del 1,7 % del IPC. Con el nuevo IVA, los precios subieron alrededor de 13 %, lo que podría elevar el IPC total en 0,22 %, afectando el costo de vida.
Controversia política y demandas
El decreto también desató una fuerte controversia política y jurídica. Diecisiete de los 32 gobernadores del país desconocieron la emergencia económica por considerarla inconstitucional. Además, el senador Fernando Motoa presentó una demanda ante la Corte Constitucional, argumentando que la emergencia no fue debidamente justificada y que el traslado de recursos desde las regiones hacia la Nación pone en riesgo programas sociales y educativos.
Mientras tanto, los nuevos precios ya se sienten en el mercado, en medio de un debate que sigue abierto sobre el equilibrio entre recaudo fiscal, sostenibilidad regional y el impacto en los consumidores.
