El inicio de las negociaciones para definir el salario mínimo de 2026 abrió un ambiente crispado entre el Gobierno, los empresarios y las centrales sindicales. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales comenzó formalmente sesiones el 1 de diciembre, dando paso a un debate donde se cruzan inflación, costos laborales, informalidad y un nuevo punto de tensión: la propuesta del Gobierno de separar los topes de vivienda social del incremento salarial.
Según el Dane, la inflación anual a noviembre de 2025 fue de 4,82%, indicador clave para las proyecciones del ajuste. Sobre la mesa, las propuestas oscilan entre el 6% y el 11%, lo que llevaría el salario mínimo mensual a cifras entre $1.516.478 y $1.531.763. El presidente Gustavo Petro propuso el aumento más alto: 11%, que llevaría la remuneración a unos $1.580.085.
Mientras Fedesarrollo insiste en un incremento moderado para evitar presiones inflacionarias y proteger la estabilidad macroeconómica, los empresarios advierten que un ajuste elevado podría encarecer la contratación formal y presionar al alza la informalidad, que hoy afecta al 56% de la fuerza laboral en el país.
Vivienda VIS, el punto más álgido del debate
En medio de la discusión, el anuncio del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, generó controversia: el Gobierno buscará que los topes de la vivienda de interés social (VIS y VIP) dejen de depender del aumento del salario mínimo para evitar que los precios sigan escalando y limitando el acceso.
Actualmente, los valores están ligados directamente al salario mínimo:
En ciudades con más de un millón de habitantes, la VIS tiene un tope de 150 salarios mínimos ($213.525.000).
En el resto del país, el límite es de 135 salarios mínimos ($192.172.500).
La vivienda VIP está fijada en 90 salarios mínimos ($128.115.000).
Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional (CGN), desligar estos topes sería una decisión equivocada. Consultado por Infobae Colombia, aseguró que esta propuesta “no tiene presentación” y advirtió que incluso podría ser ilegal. “Estamos tratando de quitar un pedazo de lo que es verdaderamente necesario, simplemente por quedar mejor con algún sector”, afirmó.
También criticó que el Gobierno presente a los empresarios como opositores al incremento salarial. “El 56% de los trabajadores son informales, y ellos no están siendo tenidos en cuenta en esta decisión”, dijo, recalcando que la prioridad debe ser mejorar el poder adquisitivo sin desbalancear la economía.
Costo laboral y riesgo de más informalidad
De aprobarse un aumento del 11%, el costo total de contratar a un trabajador —incluyendo prestaciones y aportes— alcanzaría los $2.800.499, según Fenalco. Para el sector empresarial, este incremento podría añadir presión en un país que logró una tasa de desempleo de 8,2% en octubre, la más baja en una década, pero que aún enfrenta profundas brechas de informalidad.
“Es un tema muy preocupante. No podemos especular con poner el salario más alto de la historia solo por un hito electoral”, insistió Sánchez, señalando que los costos recaerán en el próximo gobierno y en la dinámica empresarial.
Impacto en servicios públicos, subsidios y nuevas cargas tributarias
El presidente de Andesco también pidió cautela en decisiones que afecten tarifas y subsidios, recordando su experiencia como exministro de Vivienda. “Malas decisiones hoy repercuten en tarifas hacia el futuro”, señaló.
Sobre la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, que busca recaudar $16 billones, Sánchez sostuvo que el Presupuesto General de la Nación no puede depender de más impuestos y urgió a reducir el gasto público: “Lo que se tiene que hacer es cumplir la regla fiscal y desmontar los OPS que no generan valor agregado”.
Un cierre de año tenso y sin consenso a la vista
A días de que inicien las discusiones formales de cifras, la distancia entre las partes es amplia. Mientras el Gobierno insiste en un incremento histórico y en modificar la relación entre salario mínimo y vivienda VIS, los empresarios alertan sobre riesgos económicos y legales, y los trabajadores reclaman una mejora real en su poder adquisitivo.
La concertación del salario mínimo para 2026 se perfila como una de las más complejas de los últimos años, con un elemento adicional que podría redefinir la política pública de vivienda en el país.
