Tigo solicitó al Ministerio del Trabajo la autorización para despedir al 10,8 % de su personal, mientras avanza en un plan de reestructuración y evalúa una posible unión con Movistar.
En Colombia, el despido colectivo es un mecanismo regulado por la Ley 50 de 1990, que permite a las empresas desvincular a un porcentaje significativo de sus empleados por razones económicas, técnicas, operativas o administrativas. Este proceso requiere la autorización del Ministerio del Trabajo y está sujeto a estrictos requisitos legales para garantizar los derechos laborales.
En este contexto, la empresa Tigo, filial de UNE EPM, enfrenta un panorama financiero complejo que la llevó a solicitar al Ministerio del Trabajo la autorización para un despido colectivo que afectará a 81 empleados, equivalente al 10,8 % de su plantilla de trabajadores. La empresa justificó la medida como parte de un plan para garantizar su sostenibilidad operativa en un sector caracterizado por la alta competencia y la constante evolución tecnológica.
Contexto económico
Esta solicitud se enmarca dentro de una reestructuración más amplia del Grupo EPM. En 2023, el Concejo de Medellín aprobó la venta de acciones no controlantes en UNE EPM, como parte de una estrategia para concentrarse en sectores clave como energía y agua. Según el gerente general de EPM, John Maya Salazar, los recursos obtenidos de esta venta se destinarán a proyectos de desarrollo territorial. Además, Tigo ha implementado políticas como un programa de retiro voluntario, dirigido a colaboradores y prepensionados. Estas medidas buscan enfrentar los desafíos del mercado mientras se minimiza el impacto social.
La integración con Movistar
De manera paralela, Tigo y Movistar, dos de los principales operadores de telecomunicaciones en Colombia, buscan unificar operaciones. El 20 de diciembre de 2024, ambas compañías radicaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una solicitud de preevaluación para su integración. Sin embargo, la SIC informó que devolvió temporalmente la solicitud por falta de información completa. El 24 de diciembre de 2024, la entidad emitió un requerimiento formal para obtener detalles adicionales sobre la operación propuesta y los mercados relevantes en los que ambas empresas operan.
“La información requerida por la Superintendencia deberá ser remitida por las empresas en un plazo máximo de dos meses. En caso de incumplir este plazo, se entenderá que se ha desistido del trámite”, señaló la SIC.
Una vez recibida y verificada la documentación, la Superintendencia dará inicio formal al trámite de autorización, el cual será publicado para permitir la participación de terceros interesados. La SIC subrayó su compromiso con la transparencia y el rigor en este proceso.
