El especialista en tránsito y transporte Robinson Gómez conversó con Punto Final, sobre la reciente resolución del Ministerio de Transporte y los cambios que enfrentarán quienes deseen obtener o renovar su licencia de conducción.
El señor Gómez se apresta a brindar pedagogía en esta entrevista, explica los orígenes de este modelo, su aplicación en Colombia, los costos, los plazos de transición y el impacto en la ciudadanía.
¿Qué va a pasar?
El 10 de septiembre, el Ministerio de Transporte sacó una resolución con la que llama al orden, por decirlo de alguna manera, a las personas que van a sacar por primera vez su licencia de conducción y a los que deben cambiar la categoría. ¿Qué implicaciones hay? ¿Las personas ya no van a ir a la escuela de conducción? “Hay que tener presente que esto no es algo novedoso. El Gobierno nacional desde el año 2009 a través de lo que se denominó la Carta Iberoamericana de Licencias de Conducción, acogió un nuevo modelo de licenciamiento, esto con el fin de profesionalizar la actividad de la conducción. En el año 2011, la Corte Constitucional estableció que conducir un vehículo en el territorio colombiano no es un derecho, es un privilegio. Así quedó establecido”.
Un momento, ¿no tengo derecho manejar así tenga la plata para comprar el carro, la plata para pagar la licencia, la plata para echarle gasolina, la plata para pagar el impuesto, sino que me tengo que ganar un privilegio? “Es un modelo europeo que se viene implementando con el fin de garantizar la movilidad. Y sí, estamos hablando de la licencia como un privilegio, quien quiere obtenerla debe acudir a un centro de educación legalmente constituido, obtener un certificado de aptitud en conducción y posteriormente, a través de un organismo de tránsito, obtener la licencia. El problema ha sido la ilegalidad, tanto en centros de enseñanza como en todo el sector. La Corte Constitucional lo estableció como un privilegio, porque en muchos casos se invocaban derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, para evadir sanciones y eso no corresponde”.
Normatividad hasta hoy
El señor Gómez informa que en 2014, el Ministerio de Educación publicó la cartilla Saber moverse, formar en competencias para la vida, en cumplimiento del Código Nacional de Tránsito, pero quedó rezagada. Después, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabajaron en planes nacionales a 10 años, en los que se hablaba del nuevo modelo de licenciamiento.
“Fue en 2017, cuando el Ministerio de Transporte publicó la primera resolución sobre los Centros de Apoyo Logístico y Evaluación (Cale). En 2022, con la Ley Julián Esteban (la 2251), se adoptó el sistema de enfoque seguro, con la meta de reducir en 50% la accidentalidad hacia 2031. Esa ley modificó el Código Nacional de Tránsito y estableció como requisito aprobar exámenes teórico-prácticos en instituciones de educación superior de naturaleza pública”.
Pasos y costos
¿Qué pasos hay que seguir? “Primero, registrarse en el Runt que cuesta unos $15.000; luego presentar examen de aptitud psicofísica en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), alrededor de $200.000; después, inscribirse en un centro de enseñanza automovilística, cuyo curso ronda $1.200.000. Con la nueva resolución, tras el curso se debe programar un examen teórico práctico en un Cale, que en 2025 costará unos $111.000, posteriormente, un examen práctico en pista y vía pública, estimado en $600.000, es decir, surge un requisito más para obtener la licencia”.
¿Quién entregará la licencia con este nuevo esquema? “La seguirá entregando el organismo de tránsito, pero ahora existirán niveles de idoneidad. En el examen teórico, si no apruebo, recibiré la notificación por correo en dos o tres días. Si repruebo, podré presentar una única vez de nuevo. Si fallo otra vez, debo repetir el proceso y volver a pagar”.
“MinTransporte expidió la Resolución 7125, que reglamenta los Centros de Apoyo Logístico y Evaluación (Cale). Estos exámenes serán practicados por universidades públicas habilitadas por MinEducación, en regiones donde no haya cobertura, podrán habilitarse privados que cumplan requisitos”.
Robinson Gómez dice que esto significa una depuración del sector. Las empresas de garaje que evaden controles, ahora deberán ajustarse y los ciudadanos que aún no tienen licencia cuentan con un periodo de transición de 24 meses.
