Cuando falta un poco más de seis meses para concluir el presente período de gobierno, en Risaralda ya se tiene la certeza de que de los 19 nuevos mega-colegios que se proyectaban construir para ampliar la cobertura y mejorar las condiciones educativas, siete no se alcanzarán a ejecutar, dado que se deberá declarar el incumplimiento y ceder los contratos respectivos. Los casos más preocupantes corresponden a las instituciones educativas Labouré de Santa Rosa de Cabal, Sagrada Familia de Apía y Alfonso López Pumarejo de La Virginia donde los alumnos no tienen sede física y están recibiendo clases en otras instalaciones. El meollo del problema parece radicar en el hecho que en todo el país a la firma Mota Engil se le adjudicó la construcción de 230 obras que no fue capaz de ejecutar, dejando en dificultades la educación en a varios departamentos, entre ellos Risaralda. EL DIARIO dialogó con la Secretaria de Educación del departamento, Liliana María Sanchez Villada, para conocer la radiografía de la infraestructura educativa en Risaralda.
¿Qué se va a lograr avanzar en materia de infraestructura educativa?
Esta ha sido también una preocupación de la Secretaría de Educación, del Gobernador Sigifredo Salazar y de la Asamblea Departamental, que con esperanza destinaron recursos en el 2016 para garantizar la construcción de 19 establecimientos educativos en distintos municipios, los cuales llevaban más o menos 50 a 60 años sin tener intervención y en condiciones no favorables para la educación en el siglo XXI. Con estos recursos se adquirieron $ 116.000 millones para impactar esas 19 instituciones. A la fecha tenemos terminadas cuatro: el Instituto Guática, la institución educativa San Clemente (Guática) que se entrega este mes, el Núcleo Escolar de Quinchía y la sede Simón Bolívar del colegio Francisco José de Caldas de Santa Rosa que amenazaba ruina. Esa sede la trasladamos al colegio principal.
¿En Santa Rosa qué colegios quedan por ejecutar?
En este municipio hay siete instituciones educativa todavía en proceso: la Atanasio Girardot, que es una de las obras más atrasadas y es una de las que van a ser declaradas en incumplimiento; la Pedro José Rivera, que es una sede del Instituto Tecnológico y apenas está en Fase 1; el colegio Labouré, con el cual estamos desesperanzados porque tiene los alumnos en diferentes casas y sedes pero apenas está terminando Fase 1, la Veracruz que está en Fase 2 en construcción y la Pedro Uribe Mejía, en Fase 2, que está atrasada. En este municipio aspiramos a entregar este año las instituciones educativas Veracruz y la San Luis Gonzaga.
¿En La Virginia, las obras educativas también presentan retrasos notorios?
La nueva sede de La Presentación se debía haber entregado hace mes y medio está en proceso de entrega este año. Pero no va a pasar lo mismo con la sede de Alfonso López Pumarejo, lo cual es lamentable porque la antigua planta de demolió en el 2017 y ni tampoco la Bernardo Arias Trujillo. En estos dos casos se van a declarar el incumplimiento y a ceder los contratos.
¿Qué hay con respecto de los planteles de Apía?
Allí también hay una situación grave: no se va a entregar la Sagrada Familia ni Santo Tomás de Aquino, ambas instituciones van a ser declaradas en incumplimiento por parte del Ministerio a la firma Mota Engil. En Quinchía está en construcción del colegio de Irra, que aspiramos a entregar este año; en Marsella, Las Tasas también se declaró en incumplimiento.
¿Cómo se llevó a cabo el proceso de adjudicación de esas obras?
Lo que hicieron los departamentos fue transferirle el dinero al Fondo de Infraestructura Educativa del Ministerio, ellos hicieron una licitación nacional para construir 430 colegios los cuales se adjudicaron a cuatro contratistas. De ellos a Risaralda le tocó la firma Graña y Montero iniciando el proceso, pero en el 2017 fue salpicada por el escándalo de Odebrecht y esas obras fueron entregadas a Mota Engil. Ello quiere decir que ésta tiene 230 obras, en 65 % del total, y creemos que esto fracturó el cumplimiento en departametos como Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. Las demás firmas cedieron los contratos a otros constructores y por eso en algunas reciones se logró el cumpliento de muchas obras.
¿Qué gestiones hizo la Gobernación de Risaralda para solucionar este problema?
En Risaralda hicimos 174 reuniones y con el Ministerio con Mota Engil para que cedieran las obras a otras constructora para avanzar en el proceso, pero no hubo forma de dialogar con ellos en ese aspecto sino que se mantuvieron, pero incumpliendo. La preocupación de la Gobernación de Risaralda y el reclamo que le hemos hecho a la Ministra de Educación y a la gerente del Fondo de Infraestructura, es que no estamos de acuerdo con que Mota Engil siga con estas obras porque después de año y medio de reuniones no han cumplido con ninguno de los acuerdos pactados. Se hizo un requerimiento muy fuerte a la firma interventora y si eso pasara en Risaralda ya estar piaos nosotros en la cárcel.
¿Esto qué tanto afecta el proyecto de Jornada Única en Risaralda?
La jornada única se ha afectado, obviamente, en algunas instituciones, no en todas, porque la Gobernación de Risaralda implantó esta jornada en los colegios que tuvieran las condiciones apropiadas. En Santa Rosa de Cabal, por ejemplo, el colegio Francisco José de Caldas -sede principal- tiene las condiciones para ello, en Quinchía también hay instituciones apropiadas. Esas condiciones son: contar con los maestros que tenemos vinculados por horas extras, tener restaurante escolar y que se inicie el proceso de acompañamiento a la transformación del Proyecto Educativo Institucional, PEI.
¿Pero hay algunos casos especialmente preocupantes?
Las que en Risaralda nos sentimos en en este momento más afectados son la institución educativa Sagrada Familia de Apía porque los alumnos están desagregados en muchas casas dado que en este municipio no hay como alquilar un lugar donde puedan recibir sus clases; en el colegio Alfonso López Pumarejo de La Virginia, cuya sede fue demolida y nos tocó hacinar los estudiantes en la institución educativa Gabriela Mistral en la jornada de la tarde y en Santa Rosa el colegio Labouré. Esas son las tres instituciones educativas que se han visto más afectadas. Eso se lo hemos dicho al Ministerio de Educación Nacional, a la firma contratista y a la firma interventora mil veces. Por lo menos estas tres instituciones hubiesen avanzado -como lo han hecho otras- para poder garantizar la educación a sus alumnos. De resto, los otros están trabajando en sus sedes antiguas, donde están recibiendo la educación normal.
¿Esto también ha afectado la prestación del servicio de alimentación escolar?
El Programa de Alimentación Escolar, PAE, es uno de los programas exitosos que tiene la Gobernación de Risaralda. Cada año el Gobernador ha destinado más de $ 3000 millones para garantizar la cobertura que hemos tenido. En ese sentido, hemos sido muy bien calificados por el Ministerio de Educación Nacional que nos vigila y la evaluación que se le ha hecho a Risaralda es muy positiva. Se han presentado algunas dificultades, pero ha sido un éxito del PAE en Risaralda. Este éxito , que se ha querido desmeritar, es una buena estrategia que tienen la Gobernación y el Ministerio de Educación en acceso y permanencia de estudiantes. Tenemos muchos casos de estudiantes que la única alimentación que reciben en el día es el complemento que se les da en la institución educativa, ya sea el refrigerio o el almuerzo.
¿Qué ha garantizado ese logro?
Primero, que tenemos los comités institucionales de seguimientos PAE, conformados por el rector y algunos maestros; el comité municipal de seguimiento, que lo integran el alcalde y los directivos docentes; el comité departamental en el cual participan la Contraloría, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los ciudadanos en general. Todos son veedores del PAE. Tenemos en la Gobernación, en planta, una nutricionista y una ingeniera de alimentos, el coordinador del PAE, un traBajador social, la abogada y dos administrativos financieros que son los que manejan los recursos. Y además tenemos en los municipios dos enlaces, dos personas que están monitoreándo la servida de alimentos en las instituciones educativas. Por eso pensamos que el PAE ha ido muy bien manejado porque tenemos muchos ojos vigilando siempre. Además hay una línea de atención al ciudadano en donde siempre se está reportando si algo pasó.
¿Qué cobertura tiene el PAE?
Tenemos una matrícula de 44.300 estudiantes en los doce municipios no certificados y estamos entregando 42.070 raciones diarias, lo que quiere decir que es el 95 % de la matrícula. Son 15.957 raciones tipo almuerzo en los restaurantes escolares validados por la Secretaría de Salud y 26.113 raciones tipo refrigerio. Este año la licitación del PAE nos valió $ 14.000 millones y esperamos en agosto, con el apoyo de las Alcaldías Municipales, alcanzar el 100 % de cobertura. Además en las poblaciones indígenas, después de la Minga del 2016, se les garantizó a doble ración donde hay restaurante escolar validado por la Secretaría de Salud.
