Hace 25 años la Universidad Católica y la Universidad Tecnológica crearon una corporación a la que llamaron Risaralda Ética, con el propósito de velar porque se aplicara la ética en la gestión pública.
James Fonseca es un ciudadano reconocido públicamente dado su desempeño en medios de comunicación, aulas de clase y otro tanto como abogado, pero su labor cobra relevancia cuando se le pregunta por la lucha contra la corrupción desde dos reconocidas apuestas de ciudad, como han sido Risaralda Ética y Vigía Cívica.
Antecedentes y logros
“En 2013, hubo una crisis en la ciudad porque había una licitación para hacer la torre de control del Aeropuerto y todo el mundo sabía que el oferente que se había ganado el contrato tenía documentos falsos, pero el alcalde decía que hasta no tener fallo judicial él no procedía y por lo tanto el contrato debía seguir adelante, pero la fuerza de la prensa y los ciudadanos hicieron que el alcalde y el contratista decidieran romper dicho contrato. Las cabezas de Risaralda Ética dijeron: ‘esto no nos puede volver a pasar’, hubo aprendizaje y transformación a través de doña Nohra Rey de Marulanda, miembro de la Cepal”.
Fue así como un grupo de pereiranos, entre ellos el señor Fonseca, invitaron a los responsables de una iniciativa exitosa de control social al gasto público que se desarrollaba en la ciudad de Maringá en Brasil, a venir a Pereira para conocer de primera mano el trabajo de su Observatorio social. “En las charlas que nos dieron, nos contaron que en seis años le ahorraron al municipio 21 millones de dólares en compras”.
Cómo se hace
Posteriormente hubo viaje a Brasil y vieron que lo hacían a través de una base de datos, “como una hoja de excel gigantesca, donde tenían todas las compras del municipio, a quién lo compraron, en qué cantidades y cada cuánto. También con la salvedad que el estado compra todo por licitación pública, mientras que en Colombia hay ocho maneras diferentes en que el Estado puede comprar”.
“Cuando regresamos de Brasil, con la ayuda de profesionales de las universidades Libre, Católica y UTP, adaptamos lo visto a las formas colombianas y trabajamos un par de años, pero los corruptos nuestros tenían más campo de acción, entonces nos hemos venido adaptando a eso. Cambiamos la razón social a Vigía Cívica para hacer control de gasto público y seguimiento a la contratación”. ¿Y entonces qué pasó con los Colibríes? “Fuimos los primeros en elevar una queja ante la Contraloría municipal, porque se sucedían las fechas de terminación, programaron cinco, ninguna se cumplió y otros hallazgos”.
“En el Código Penal de Colombia, no existe el delito de corrupción. Hay delitos contra la administración pública, hay cohecho, hay interés indebido en la celebración de contratos. Es difícil que se convierta en delito, porque choca con mucha frecuencia con la presunción de inocencia”.
James Fonseca comenta que también son aliados territoriales de Transparencia por Colombia y del Movimiento Ciudadano Anticorrupción conformado por 19 instituciones de todo el país similares a Vigía Cívica.
