El Gobierno anunció la suspensión de los subsidios de Mi Casa Ya, generando preocupación, ya que en Pereira no solo se verán afectadas 700 familias, sino también el sector de la construcción.
Ante el reciente anuncio del Gobierno sobre la suspensión de subsidios del programa Mi Casa Ya, a través de una circular conjunta del Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda, se expresó: “Los cupos que se encontraban disponibles para el beneficio de las coberturas a la tasa de interés se han agotado, por tal razón, los hogares que no lograron la marcación para tomar el beneficio sobre el desembolso del crédito hipotecario o el inicio del contrato de leasing habitacional, a partir de la fecha, no contarán con dicho beneficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.4.2.3.”
Este comunicado ha generado gran preocupación entre las familias y los sectores involucrados en la vivienda de interés social. Según Víctor Baza Tafur, gerente de Camacol Risaralda, aproximadamente 700 hogares en Pereira podrían perder este beneficio, lo que representa un fuerte golpe para quienes ya habían avanzado en los trámites de adquisición de vivienda. Este impacto también se extiende a la dinámica económica del municipio, ya que el sector constructor dinamiza más de 36 sectores productivos.
Esta situación no solo afecta a los hogares, sino también a toda la cadena de valor de la construcción. Mauricio Rivera Peña, gerente general de Entorno Inmobiliario, señala que esta decisión incrementará las cuotas de vivienda en hasta un 25%, haciendo que muchas familias no puedan cumplir con sus compromisos financieros. “Esto será completamente catastrófico, especialmente para quienes devengan un salario mínimo o dos salarios mínimos, porque los precios aumentarán. Además, el sector de la construcción ya presenta una contracción del 16% en viviendas nuevas iniciadas, lo que se agravará significativamente, y la tasa de empleo también se verá afectada considerablemente”, comentó Rivera Peña.
En Risaralda, el promedio de hogares que demandan este subsidio supera los 1.500 anuales, de los cuales cerca del 70% corresponde a vivienda de interés social. No obstante, este promedio ha disminuido en los últimos años debido a restricciones previas en los cupos asignados. Dosquebradas, otro municipio del departamento, también reporta una alta dependencia de este programa, lo que agrava la situación en la región.
Impacto nacional
A nivel nacional, esta decisión refleja las tensiones de una economía afectada por la crisis fiscal. Aunque el presupuesto de 2024 alcanzó un récord de $511 billones, gran parte está comprometida en gastos de funcionamiento, dejando menos recursos para programas sociales como este. Según el Gobierno, la medida responde a una “necesidad de ajuste” ante la falta de recursos y busca priorizar a las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad.
No obstante, expertos y gremios consideran que la decisión tiene implicaciones graves para el sector vivienda, que representa el 70% de las construcciones en el país. “Lo que esto genera es una desaceleración en el desarrollo de proyectos de vivienda social. Debemos tener en cuenta que del 100% de la vivienda que se construye en el país, el 70% es social. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desaceleración en el desarrollo constructivo, lo que impacta la cadena de valor de la construcción”, afirmó Baza Tafur.
Además, la suspensión afectará el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda de interés social (VIS), incrementando los costos de acceso para quienes planeaban adquirir una propiedad bajo este sistema. La falta de subsidios no solo reduce la capacidad adquisitiva de las familias, sino que también genera incertidumbre en la industria, que ya enfrenta altos costos de financiamiento.
Llamado a la reconsideración
Gremios como Camacol y empresarios del sector constructor han expresado su preocupación por las consecuencias de esta medida. “Es lamentable la decisión del Gobierno Nacional y más que lamentable, es irresponsable. Lo que queda claro es que al Gobierno Nacional le quedó grande el programa Mi Casa Ya. Esto atenta contra un programa social en Colombia, que desde su creación en 2015 había funcionado muy bien”, concluyó Víctor Baza.
Mientras tanto, en Pereira y en el resto del país, las familias y los constructores enfrentan un futuro incierto, donde el sueño de la vivienda propia parece más lejano que nunca.
