Pero será inútil si el principal responsable de la crispación, que es el propio presidente, no modifica su actitud. El respeto al contradictor empieza por la cabeza del Estado.
La reunión convocada por la Conferencia Episcopal y a la que asistieron el presidente Petro, los presidentes de las Altas Cortes, las cabezas de los órganos de control y los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, en buscar de un compromiso nacional en favor del respeto, la moderación y el reconocimiento del contradictor político, es sin duda un gesto de sensatez y responsabilidad institucional.
No es un asunto cualquiera que la Iglesia Católica, tradicionalmente prudente en el debate público, haya sentido la necesidad de llamar a los poderes públicos, a los partidos, a los representantes de la sociedad en general, a rebajar el tono de la confrontación. El clima político que vive el país no solo es tenso, sino cada vez más peligroso.
Y en ese deterioro del ambiente nacional, el presidente Gustavo Petro tiene una responsabilidad principal. Es él quien, desde la más alta magistratura del Estado, ha venido alimentando un lenguaje de polarización constante, de irrespeto y, sobre todo, de estímulo al desconocimiento institucional y a la violencia.
Petro no discute, descalifica. No interpela, acusa. No propone diálogo, exige rendición. Ha convertido a sus contradictores no en opositores legítimos, sino en enemigos declarados, sospechosos de conspiraciones y fraguadores de lo que él ha llamado un golpe blando. El resultado es previsible, una sociedad crispada, un Estado dividido, un debate público contaminado por el insulto y la estigmatización y unos candidatos atacados por el odio alimentado desde el poder.
Los recientes atentados contra dirigentes políticos, condenables desde todo punto de vista, no pueden desligarse de este ambiente tóxico que desde el poder se ha venido promoviendo. Cuando el presidente llama “mafias” a quienes disienten, cuando sugiere que todo el que no comparte su proyecto está del lado de la corrupción o de la violencia, contribuye a degradar el tono democrático del país y pone en riesgo la seguridad personal de quienes se atreven a disentir.
La convocatoria de la Conferencia Episcopal es un intento honesto por detener esa pendiente peligrosa. Pero será inútil si el principal responsable de la crispación, que es el propio presidente, no modifica su actitud. El respeto al contradictor empieza por la cabeza del Estado. Y no basta con llamados genéricos a la paz o al amor; se necesita un cambio real en el lenguaje y en la manera de ejercer el poder. Gobernar no es incendiar. Gobernar es construir confianza, tender puentes, escuchar.
Colombia necesita soluciones, no más trincheras. Ojalá el presidente Petro cumpla con con el compromiso plasmado en el acuerdo firmado por todos los asistentes luego de la reunión y escuche el clamor de quienes no quieren un país dividido entre amigos del gobierno y supuestos enemigos suyos, sino uno unido en el respeto a la diferencia y en el compromiso con el futuro común.
