La Constitución es el fundamento que une una Nación, vulnerarla o quererla interpretar al amaño de un gobernante, es el primer paso hacia la arbitrariedad.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del decreto presidencial que, a pesar de la negativa del Senado de la República, convoca a una consulta popular para validar las reformas impulsadas por el gobierno, no es solo un alivio institucional, sino también una necesaria reafirmación de los principios constitucionales que rigen la democracia colombiana.
Desde el primer momento, el controvertido decreto fue recibido con justificada alarma por buena parte de la opinión pública y de los sectores jurídicos del país. Se trataba de un intento abierto de torcer el orden constitucional para imponer, por la vía de la presión popular, unas reformas que han sido objeto de legítima controversia en el Congreso.
Aunque el Consejo de Estado no se pronunció sobre el fondo de la demanda, sí dejó en claro dos aspectos esenciales. Primero, que los efectos del llamado ‘Decretazo’ quedan suspendidos mientras se toma una decisión definitiva, con el fin de evitar un daño irreparable al orden jurídico. Y segundo, que este Alto Tribunal es el competente para resolver la demanda, desmontando así el argumento del presidente Petro de que su decreto solo es objeto de control posterior por parte de la Corte Constitucional.
Lo preocupante es que el presidente Petro, en lugar de aceptar la decisión como una oportunidad para corregir el rumbo y respetar los límites de su poder, ha optado por profundizar en su discurso de confrontación con las instituciones y deslegitimando a los jueces de la República. Es un lenguaje peligroso que erosiona la confianza pública en el sistema democrático y alimenta la polarización.
En cualquier democracia, las consultas populares tienen su lugar; pero deben ser convocadas siguiendo el procedimiento legal, con la intervención previa del Congreso y el control constitucional que garantice que la voluntad popular no sea instrumentalizada al servicio de un proyecto político personal. Lo que el presidente Petro pretende es forzar un pronunciamiento del pueblo sin filtros institucionales, un salto al vacío que comprometería la estabilidad del país.
El Consejo de Estado ha dado un primer paso acertado. Corresponde ahora a toda la sociedad civil, a los partidos, a los gremios y a los ciudadanos en general, rodear las instituciones, defender el orden constitucional y exigir al Gobierno respeto por los límites de su mandato.
La Constitución es el fundamento que une como Nación, vulnerarla o quererla interpretar al amaño de un gobernante, es el primer paso hacia la arbitrariedad. Colombia necesita reformas, sí. Un gobierno que se precie de democrático debe someter sus iniciativas a las reglas del juego que impone el Estado de Derecho, no pretender saltarse los controles institucionales cuando el debate legislativo no le es favorable.
