Mientras tanto tiene la obligación de tomar las medidas que sean necesarias para garantizar que todo el desorden que allí hay, no siga pasando.
Los resultados del último operativo de control realizado por la Policía en la Unidad Permanente de Protección a la Vida, confirman una vez más lo que realmente son estos lugares, fábricas del delito y nidos de corrupción. Según el informe de las autoridades, allí se encontraron e incautaron 25 teléfonos celulares, varias armas blancas y toda clase de estupefacientes; pero además, una larga lista de nombres de personas que al parecer están siendo extorsionadas o son candidatas a ser conminadas a pagar un dinero a cambio de no ser ellas molestadas o sus familias.
La pregunta obvia es por qué unas personas que están privadas de la libertad por la presunta comisión de un delito y no pocas veces con graves antecedentes judiciales, tienen armas y elementos que no está permitido tener en estos establecimientos; y otra más, cómo llegaron estos productos a estos sujetos.
Hoy día no hay diferencia alguna entre las peores penitenciarias del país y las llamadas Unidades Permanentes de Protección a la Vida. Los mismos vicios, las mismas condiciones y las mismas leyes que existen en aquellos lugares, operan donde supuestamente son lugares temporales mientras las investigaciones y los juicios avanzan, y donde muchos de los detenidos pueden ser inocentes.
Aquí, como allá, el que manda es el dinero. Quien paga tiene todo lo que quiere, porque cualquier servicio o elemento tiene un precio y el que tenga con qué cubrirlo, puede tenerlo. Tiene precio tener un celular, vale salir a la calle, tiene tarifa un permiso para fin de semana, entrar comida o licor vale e ingresar un arma también se puede si se paga lo establecido para este privilegio.
Pero el tope sí es que desde las UPPV se esté extorsionando abiertamente a centenares de personas, de comerciantes, de familias, de pequeños empresarios y se estén cometiendo delitos que parecían reservados para los penales donde están recluidos y condenados los peores capos y criminales del país.
Como hace una persona, si no es con la complicidad y la ayuda de los guardas encargados de vigilar estos centros carcelarios, para tener uno o varios celulares y llamar sin que nadie se lo impida, a una persona cualquiera ya estudiada, para chantajearlo y exigirle el pago de un dinero determinado a cambio de no ser molestado él y su familia, o permitirle abrir su negocio, u operar su empresa.
Por supuesto, el Estado tiene buena culpa de todo esto que ocurre en las cárceles y sitios de reclusión, porque ha sido incapaz de ofrecer unas condiciones dignas para quienes han equivocado el camino y caído en el delito, y para corregir los vicios que hay en el sistema carcelario y acabar con la corrupción; pero mientras tanto tiene la obligación de tomar las medidas que sean necesarias para garantizar que todo el desorden que allí hay, no siga pasando.
