Hoy 20 de julio, Día de la Independencia, se instala el último periodo legislativo del actual Congreso de la República, en medio de una tensión institucional sin precedentes, de un ambiente caldeado por la proximidad al debate electoral del 2026 y con una agenda legislativa crucial aún por resolver.
El inicio anticipado de la campaña política, alterada además por el atentado criminal al precandidato presidencial Miguel Uribe, hace esperar que el debate al interior de las dos cámaras se centre más en las conveniencias políticas de sus miembros y de sus regiones, que en las iniciativas que están a su estudio o que presente el Gobierno.
Durante prácticamente todo el período, el Congreso ha sido blanco constante de agrios y descorteses señalamientos por parte del jefe de Estado, quien no ha dudado en calificarlo como un obstáculo para el “cambio”, acusándolo de ser cómplice del statu quo y de la corrupción, amén de sus integrantes recibir los peores epítetos.
El Congreso, con todos sus defectos, sigue siendo el espacio donde se deben dirimir los grandes debates de la Nación.
El discurso presidencial ha pretendido deslegitimar a los órganos de control, a los jueces y a los legisladores, en un intento sistemático por minar la confianza ciudadana en las instituciones. Esta estrategia, sin embargo, lejos de fortalecer la democracia, la socava desde adentro.
Pese a ese entorno adverso, el Congreso tiene ante sí una serie de retos mayúsculos que marcarán su legado. Quedan pendientes reformas estructurales, como la de salud, cuyas versiones anteriores han fracasado por falta de consensos y viabilidad técnica y financiera; la ley de Competencias Fiscales, clave para la implementación de la reforma al Sistema General de Participación; y la reforma a la Jurisdicción Agraria, cuya reglamentación preocupa a amplios sectores productivos. También están en curso debates clave sobre la seguridad, la justicia, el sistema carcelario, la protección de los menores y la lucha contra la corrupción.
Además de legislar, este Congreso debe hacer valer su papel de contrapeso y ejercer un control político riguroso. En tiempos donde el presidencialismo busca imponer su voluntad por encima de los cauces institucionales, es vital que el Legislativo haga respetar su autonomía y dignidad.
A este último periodo le corresponde recuperar parte de la credibilidad perdida, no solo frente al Ejecutivo, sino también ante una ciudadanía que percibe al Congreso con desconfianza. La tarea no será fácil, pero es indispensable si se quiere preservar el equilibrio de poderes y la solidez de la democracia. La política no puede reducirse al capricho de una sola voz. El Congreso, con todos sus defectos, sigue siendo el espacio donde deben dirimirse los grandes debates de la Nación.
