En lugar de respetar los fallos y controvertirlos dentro del marco legal, opta por debilitarlos institucionalmente, trasladando su competencia a instancias que pueden ser influenciables.
La reciente expedición del decreto presidencial que modifica el conocimiento de las tutelas interpuestas contra el Presidente de la República es, sin duda, un hecho grave y preocupante. A través de esta norma, el gobierno de Gustavo Petro le quita al Consejo de Estado la competencia para conocer en primera instancia dichas acciones, trasladándola a los jueces de circuito o a los de categoría similar.
Esta decisión, más allá de su aparente formalidad jurídica y de “contribuir a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial” como lo afirma el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, tiene un evidente fondo político que atenta contra el equilibrio institucional del país y un tufillo a revancha con una institución a la que el presidente Petro suele maltratar verbalmente cada que le es posible.
El Consejo de Estado ha sido uno de los pocos contrapesos efectivos al poder presidencial en los últimos meses. A través de fallos de tutela, este alto tribunal ha corregido actuaciones del Ejecutivo que vulneraban principios constitucionales y derechos fundamentales, como aquel que obligaba a los canales de televisión privados a transmitir en horarios triple A sus tediosos e interminables consejos de ministros, para no hablar sino de uno.
Por eso no sorprende que, ante la molestia por estas decisiones y ahora que llevado al ministerio de justicia a una persona que ha dado muestra suficientes de acomodar la ley a sus personales intereses, el presidente Petro acuda a un decreto para limitar la intervención de esta corporación en los procesos que lo afectan directamente.
El mensaje es, pues, inquietante. Cuando un poder del Estado incomoda, se cambian las reglas del juego. En lugar de respetar los fallos y controvertirlos dentro del marco legal, el Ejecutivo opta por debilitarlos institucionalmente, trasladando su competencia a instancias que pueden ser más influenciables o menos visibles ante la opinión pública.
Aunque el presidente tenía facultades para modificar el conocimiento de las tutelas, hacerlo en este momento, y con un contenido tan puntual, deja un sabor revanchista que compromete la confianza en la imparcialidad del Gobierno frente a la justicia. En una democracia sólida, las decisiones judiciales deben ser respetadas, no neutralizadas por vía administrativa.
Además, este tipo de medidas erosiona la legitimidad de los tribunales y genera un peligroso precedente, que la rama ejecutiva intervenga, por conveniencia o por animadversión, en la estructura funcional de la rama judicial. Se trata de una intromisión que debilita la división de poderes y abre la puerta a la concentración autoritaria.
Es necesario que la misma justicia revise la legalidad y conveniencia de esta decisión. Y que el Congreso, que aún conserva su función de vigilancia política, se pronuncie con firmeza frente a este tipo de maniobras. La independencia judicial no puede ser rehén de la coyuntura ni de la vanidad del poder.
