Forzar una descripción para justificar su inclusión en procesos de negociación solo degrada la legitimidad del Estado y desmoraliza al aparato judicial.
Resulta profundamente preocupante que, a pesar del reciente y claro pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno insista en impulsar un proyecto de ley que abriría la puerta a beneficios judiciales para los capos del narcotráfico y otros criminales de alto perfil, a cambio de su supuesto ingreso al proceso de la llamada Paz Total.
La iniciativa, que el Ejecutivo ha anunciado presentará al Congreso, de la mano de quien ha demostrado cero apego a la ley y a la Constitución, en la legislatura que se acaba de iniciar, plantea una peligrosa distorsión de los principios de justicia, proporcionalidad y verdad, amén de constituir la peor afrenta a las víctimas.
No se trata de negar la importancia de buscar caminos para desmontar estructuras criminales, sino de advertir sobre los riesgos de conceder gabelas jurídicas a personajes responsables de delitos atroces, incluyendo masacres, desplazamientos forzados, violaciones, desapariciones y financiamiento de redes de corrupción, bajo el pretexto de que con ello se avanza hacia la paz.
Es un falso dilema. No se puede construir una paz duradera sobre la base de la impunidad ni al margen de las instituciones judiciales. La Corte Suprema ha sido categórica, quienes pertenecen a organizaciones criminales cuyo único propósito es el lucro a través del narcotráfico y otros delitos, no pueden ser equiparados a actores armados con motivaciones políticas o ideológicas.
Es decir, no se les puede tratar como insurgentes para darles tratamientos penales alternativos, a quienes son simplemente unos criminales y narcotraficantes. Forzar una descripción para justificar su inclusión en procesos de negociación solo degrada la legitimidad del Estado y desmoraliza al aparato judicial.
Más grave aún es que varios de estos delincuentes ya fueron vistos en la tarima junto al propio presidente Petro, como ocurrió en la Alpujarra de Medellín. Esa cercanía, más allá de las explicaciones oficiales, alimenta la percepción de que detrás de esta iniciativa hay un propósito definido, cumplir un compromiso de campaña.
Ante este escenario, el Congreso de la República tiene una responsabilidad histórica. No puede permitir que por la puerta de atrás, se imponga un marco legal que favorezca a los peores criminales del país. Si este proyecto avanza será el Legislativo quien cargue con las consecuencias de haber cedido ante la presión del Ejecutivo, traicionando el mandato constitucional de proteger el orden jurídico.
La Paz Total no puede ser sinónimo de impunidad total. Si el Gobierno insiste en este camino, no solo desafía la legalidad, sino que pone en riesgo la confianza ciudadana en la democracia y el Estado de derecho. Colombia merece una paz verdadera, no una pactada con quienes han hecho del crimen su forma de vida.
