Es entendible el deseo del Gobierno de no tocar al poderoso gremio de transportadores de carga del país: pero no parece que las disposiciones escogidas para el efecto sean de fácil aplicación.
El Gobierno Nacional expidió el anunciado y esperado decreto que viabiliza la eliminación del subsidio al diésel para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial; y conserva el beneficio para el transporte de carga y pasajeros. La medida no es de aplicación inmediata y tampoco tendrá vigencia en todo el territorio nacional.
Según el Gobierno, el Ministerio de Minas y Energía le hará seguimiento a la disposición y medirá el impacto que el desmonte del subsidio pueda tener en Bogotá y en 68 municipios de los diez departamentos con más alto nivel de comercialización del producto, entre los cuales está Pereira.
Los ministerios de Hacienda y Minas tendrán seis meses para reglamentar la metodología que definirá el suministro del diésel para los vehículos beneficiados. En este término el Gobierno deberá expedir los decretos respectivos para la operación, vigilancia y control del mecanismo diferencial.
Es entendible el deseo del Gobierno de no tocar al poderoso gremio de transportadores de carga del país y, al parecer, de cumplirles con una promesa no solo de campaña, sino con los acuerdos firmados para levantar los varios bloqueos que los camioneros han hecho para exigir lo que ellos consideran es sus derechos; pero no parece que las disposiciones escogidas para el efecto sean de fácil aplicación.
De acuerdo con los expertos, para aplicar un precio diferencial al diésel, las estaciones de servicio tendrán que incorporar una tecnología que permita tener una conexión directa con el Sistema de Información de Combustibles Líquidos (Sicom) para diferenciar la clase de vehículos que está demandado el servicio, costo que le tocaría asumir al establecimiento respectivo.
El otro problema que tiene la disposición y que ya han hecho notar los conocedores del tema, es su aplicación parcial. Tener un precio subsidiado en un municipio, mientras en el vecino hay que pagar lo que realmente vale el producto, conlleva el riesgo de desplazar el consumo hacia los lugares donde el combustible es más barato, con todos los problemas de competencia que esto genera.
No parece fácil, pues, en la práctica aplicar las disposiciones con las cuales el Gobierno quiere privilegiar y beneficiar a un sector que, por supuesto, es importante para el país, pero que es un negocio como cualquier otro y por tanto debe resistir el costo normal de su operación; y con el cual parece haber otros intereses que van mucho más allá de los puramente económicos.
Lo realmente justo, sencillo y efectivo para el propio gobierno, sería estructurar un plan de desmonte gradual y generalizado del subsidio al producto, de tal manera que cada mes, como se hizo al principio de esta administración con el precio de la gasolina, aumentaría el valor del galón, hasta nivelarlo con el precio internacional. Esta estrategia, según Fendipetroleos, permitiría alcanzar el valor real en muy poco tiempo, absorber sin muchos sobresaltos el aumento y ahorrarle al gobierno una cifra muy importante en el subsidio que hoy mantiene.
