No es bueno que un servicio que todos los días utilizan más de 120.000 personas, suba el 10%; pero cuando su principal componente aumente el 23%, no queda más que pedir un buen servicio.
Como era apenas obvio las administraciones de los municipios que conforman el Área Metropolitana, ajustaron el precio del pasaje en el transporte público masivo de pasajeros y en el individual, tipo taxi. A partir del próximo martes el costo del tiquete del Megabus y del Transporte colectivo será 3.600 pesos, igual que el llamado mixto, chivas y jeeps, y de 7.300 la carrera mínima de taxi.
Nada diferente se podía esperar con el costo de este servicio luego de la decisión del Gobierno Nacional de aumentar irresponsablemente el salario mínimo en el 23.8%. Según conocedores del tema, los conductores, el personal de mantenimiento, limpieza, vigilancia, aseo y en general la mano de obra que interviene en el sistema representa al menos el 70% del costo de su operación.
A esto hay que añadirle el aumento también, decretado por el Gobierno, en el precio de los combustibles, del gas, de la seguridad social y de otros productos y servicios que intervienen en la operación del transporte público y que están siendo directamente afectados por el alza en el salario mínimo.
Esto ha obligado a todos los sistemas del transporte masivo de pasajeros del país a ajustar sus tarifas entre el 9.5% y el 13%, es decir entre 300 y 400 pesos; y a las administraciones municipales y distritales a incrementar el valor del servicio de taxi en un porcentaje que inclusive ha llegado al 15%.
En el caso de Pereira, el aumento en el valor del Megabús, el servicio más utilizado por los habitantes del área metropolitana, fue de 350 pesos, al pasar de 3.250 a 3.600, lo que significa un aumento técnico del 10.77%, un alza muy inferior a la decretada por el Gobierno Nacional para el salario mínimo, para el diesel y para el servicio de vigilancia entre otros.
El presidente Petro ha salido a cuestionar estas decisiones y, más que eso, a amenazar a los sistemas de transporte público con investigaciones y eventuales sanciones, en un intento por controlar el efecto adverso que estas alzas tienen en el costo de la Canasta Familiar, en el supuesto “salario vital” de los trabajadores colombianos y, lo más importante para el gobierno, en los resultados electorales de marzo y mayo.
Sin embargo, no es fácil tapar el sol con las manos. Ni la verborrea populista del Presidente es capaz de justificar lo que es claro para la inmensa mayoría de los colombianos, el alza irresponsable en el valor del salario mínimo producirá efectos devastadores en la Canasta Familiar, en el empleo y en la economía del país, como ya se empieza a ver.
Claro que no es bueno que el costo de un servicio que todos los días utilizan más de 120.000 personas, suba el 10%; pero cuando el 70% de su principal componente se incrementó el 23%, lo único que queda es pedirle a los operadores del transporte público, buen servicio, oportunidad, eficiencia y seguridad; y a la Administración austeridad en el gasto y adecuado mantenimiento de los articulados.
