No puede ser más doloroso el balance a un año del grave escalamiento de la guerra entre grupos ilegales en el Catatumbo y de la anunciada intervención del Gobierno Nacional.
Un año después de que los enfrentamientos entre el Ejército de LIberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las Farc que comanda “Calarcá”, en el Catatumbo, hicieran un pico, el balance no puede ser más dramático y las acciones del Gobierno para restablecer el orden y devolver la tranquilidad a la región, más pobres, más ineficaces y más erráticas.
El escalamiento de la guerra por el control de un territorio estratégico para sus actividades ilícitas, entre los dos grupos armados, se ha traducido en desplazamiento masivo de la población tanto rural como urbana, en homicidios selectivos, en reclutamiento forzado de menores, en uso de artefactos explosivos, en secuestro de militares y en amenazas de muerte a la población civil.
Según cifras oficiales y de varios organismos humanitarios, desde el 16 de enero del año pasado y la fecha, se han registrado más de 100.000 desplazamientos, más de 130 personas asesinadas, una veintena de militares víctimas mortales de los ataques con bombas y explosivos, decenas de menores reclutados por lo grupos legales y afectaciones a la población rural que suman 208.000 millones de pesos.
A estos registros hay que sumarles las miles de familias que están confinadas en sus parcelas y sin ninguna posibilidad de movilidad, bien de miedo de ser víctimas del fuego cruzado entre los dos grupos armados ilegales, o bien por orden de ellos. De acuerdo al informe del Consejo Nooruego para refugiados de la Unidad de Víctimas, más de la mitad de los habitantes de la región son víctimas de esta restricción.
Mientras tanto, la respuesta oficial, para garantizar la vida y la seguridad de la población que se resiste a abandonar su territorio, es prácticamente ninguna tanto desde punto de vista de la presencia militar y su acompañamiento físico, como del apoyo económico y la inversión social y en infraestructura en la región.
La comunidad humanitaria reportó haber recibido durante todo el 2025, solo la cuarta parte de los recursos requeridos para atender la emergencia en esa golpeada región, al tiempo que muchas comunidades siguen sin agua porque los acueducto fueron destruidos por la acción de los violentos, cientos de niños permanecen fuera de las aulas escolares porque las escuelas fueron voladas con artefactos explosivos y decenas de personas mueren por falta de los puestos de salud que fueron destruidos en medio de la atrocidades de la guerra; y nada de esto ha sido repuesto.
No puede ser, pues, más doloroso el balance a un año del grave escalamiento de la guerra entre grupos ilegales en el Catatumbo y de la anunciada intervención del Gobierno Nacional. La mitad de la población desplazada y la otra mitad confinada, cientos de muertos, las escuelas y los puestos de salud destruidos, la comunidad se muere de hambre y, lo peor, los recursos supuestamente asignados para atender la crisis humanitaria, devorados por la corrupción oficial.
