A menos de dos meses de que Colombia vuelva a las urnas para elegir un nuevo Congreso de la República y encaminar la sucesión presidencial en la Casa de Nariño, el proceso electoral de 2026 ya evidencia una millonaria inversión estatal. En menos de ocho meses, dos entidades han comprometido cerca de 2,7 billones de pesos mediante la firma de 30 contratos destinados a garantizar el desarrollo de los comicios.
La mayor parte de estos recursos se ha destinado a logística, tecnología electoral y operación informática, pilares fundamentales para la organización de una jornada que incluye la elección de 284 congresistas y las consultas interpartidistas, consideradas la antesala de la primera vuelta presidencial.
De acuerdo con la información conocida, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) concentran el grueso de la contratación, con acuerdos que abarcan desde la impresión de tarjetones y el transporte del material electoral, hasta el soporte tecnológico para el preconteo y la transmisión de datos.
Uno de los actores con mayor participación en estos contratos es la multinacional Thomas Greg & Sons, que nuevamente se queda con la tajada más grande del presupuesto electoral. La compañía ha sido históricamente clave en los procesos electorales del país, especialmente en los servicios de identificación, logística y manejo de información, aunque su presencia también ha estado rodeada de debates y cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
Las elecciones legislativas, que se celebrarán en marzo, no solo definirán la composición del próximo Congreso, sino que marcarán el pulso político de cara a las presidenciales. Los resultados permitirán medir la fuerza real de los partidos y movimientos, así como perfilar a los candidatos que llegarán con mayor respaldo a la contienda por la Presidencia.
Con las decisiones contractuales adoptadas en las últimas semanas, el Gobierno y las autoridades electorales buscan asegurar que el proceso se desarrolle con normalidad y garantías. Sin embargo, el alto volumen de recursos comprometidos y la concentración de contratos en pocos proveedores mantienen abierta la discusión sobre la transparencia, la eficiencia del gasto público y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de cara a uno de los procesos electorales más determinantes del país en los últimos años.
