Ojalá el Gobierno la aproveche con humildad, buscando un acuerdo real que dé certidumbre a trabajadores y empresarios. Concertar no es ceder, es gobernar con responsabilidad y con visión de país.
La suspensión provisional de los efectos del decreto que fijó el salario mínimo por parte del Consejo de Estado, devuelve el debate a su cauce institucional. Hoy la tarea recae en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario creado para que trabajadores, empresarios y el Gobierno acuerden con responsabilidad una decisión que impacta a toda la economía.
Esta es la oportunidad para que el Gobierno Nacional explique con rigor técnico y sin populismo, el porcentaje decretado en diciembre y ahora anunciado que mantendrá, o lo ajuste a los parámetros de productividad, inflación y crecimiento que exige la ley 278 de 1996. No basta con imponer cifras ni con discursos destemplados, el salario mínimo es una herramienta delicada, que puede proteger ingresos o destruir empleo o cerrar empresas, según la forma cómo se use.
Los gremios y empresarios que se levantaron en diciembre de la mesa, deben regresar con ánimo constructivo, pero el Ejecutivo tiene la obligación de generar confianza y de transmitir disposición al diálogo. La concertación no es un trámite, es la garantía de que la decisión final refleje la realidad de las empresas formales, de los trabajadores vulnerables y de las regiones que luchan por sostener su tejido productivo.
Persistir en el populismo, en la convocatoria a marchas, en la descalificación de quienes discrepan, o en que la cifra ya dicha no tiene discusión, solo profundiza la incertidumbre. La señal que hoy necesita el país es de sensatez, de responsabilidad. El salario mínimo incide en la inflación, en el gasto público, en los contratos estatales y en la estabilidad de miles de pequeñas empresas que apenas sobreviven en medio de tasas altas y la demanda débil.
El país no puede permitirse una política salarial improvisada. Cada punto porcentual mal calculado se traduce en menos contratación formal, en más informalidad o en precios más altos para los consumidores. La Comisión de Concertación debe evaluar escenarios, escuchar expertos y proyectar impactos, con la transparencia que exige la coyuntura y con la sensibilidad que exige dar un paso atrás en el salario.
El fallo judicial abrió una puerta para corregir. Ojalá el Gobierno la aproveche con humildad, buscando un acuerdo real que dé certidumbre a trabajadores e inversionistas. Concertar no es ceder, es gobernar con responsabilidad y con visión de país. Solo así el salario mínimo será un instrumento de equidad y no un argumento electoral.
