Es urgente que las autoridades, de un lado entiendan la dimensión del problema y el avance que ha tenido; y del otro, creen las barreras que permitan mantener a salvo los menores de edad.
Cada dos días un menor es reclutado en Colombia. Este aterrador dato es el resultado del informe que preparó la Defensoría del Pueblo y reveló con motivo de la celebración el pasado jueves del Día Internacional de las Manos Rojas, fecha que recuerda la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño que prohíbe el uso de menores de edad en los conflictos armados.
Según la entidad, el año pasado se registraron en el país 257 casos de reclutamiento forzado de menores de edad básicamente por parte de las organizaciones al márgen de la ley para ser utilizados en el conflicto armado y aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de algunas poblaciones como las indígenas.
Pero lo más doloroso de esta cifra es, primero que, de acuerdo no solamente con la Defensoría del Pueblo sino con todas las instituciones y organizaciones que luchan para erradicar este penoso mal, no refleja completamente la realidad de lo que está pasando en el país en este sentido.
Por distintas razones que van desde el temor de los familiares a las represalias de los victimarios si denuncian lo que han hecho con alguno de sus hijos menores, hasta la desconfianza en las autoridades, en sus investigaciones y en que lo que hagan pueda servir de algo para recuperar a la víctima del reclutamiento.
Lo segundo preocupante del informe, es que en el caso de las niñas reclutadas, no solo el número viene en crecimiento y aumentó el año pasado el 5% con relación al año 2024, alcanzando ya el 40% del total de los reclutados, sino que en su mayoría son explotadas sexualmente.
Lo otro que deja al descubierto el documento de la Defensoría es la desprotección en que están por supuesto los menores de edad frente a las organizaciones que han encontrado en estas personas, instrumentos perfectos para sus actividades delictivas; pero también las comunidades más vulnerables.
Los grupos armados ilegales, las organizaciones dedicadas al crimen organizado y las bandas delincuenciales son las que regularmente recurren a esta aterradora práctica para cumplir con sus condenables propósitos. Ellas bien saben que los menores están protegidos por la ley y por los protocolos internacionales y no pueden ser atacados por las fuerzas regulares, además de que es una manera expedita para fortalecer sus filas.
Es urgente, pues, que las autoridades, de un lado entiendan la dimensión de este problema y el avance que ha tenido en el país; y del otro, creen las barreras que permitan mantener a salvo los menores de edad de las arremetidas de las organizaciones delictivas que han convertido a los niños y niñas de las comunidades más vulnerables en su principal instrumento del delito.
