El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, dio a conocer un borrador de decreto con el que plantea cambios en la forma en que se fijan los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS), con el objetivo de evitar incrementos automáticos derivados del reciente aumento del salario mínimo y “proteger a los compradores”.
La propuesta establece que los precios de la VIS deberán pactarse y comercializarse en pesos colombianos y no en salarios mínimos legales mensuales vigentes, práctica que durante años ha sido habitual en el sector. Según el Ministerio de Vivienda, esta modificación busca brindar mayor certeza a los hogares y prevenir sobrecostos que puedan surgir cuando el valor del salario mínimo se incrementa.
De acuerdo con el documento preliminar, el cambio aplicaría a todas las etapas contractuales, desde la promesa de compraventa hasta la escrituración final. “Los precios deberán pactarse en pesos y no en salarios mínimos mensuales”, señala el borrador, al tiempo que subraya la necesidad de reglas claras que eviten interpretaciones ambiguas y prácticas que han generado incertidumbre entre compradores y constructores.
Aunque la normativa vigente ya fija que el precio máximo de la Vivienda de Interés Social no puede superar los 135 salarios mínimos legales mensuales, el Gobierno enfatiza en el cumplimiento estricto de este tope y en la preservación del carácter social de este tipo de vivienda, especialmente para hogares de ingresos bajos y medios.
El Ministerio de Vivienda indicó que la iniciativa se sustenta en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 293 de la Ley 2294 de 2023, normas que respaldan la intervención del Estado para garantizar el acceso a vivienda digna y asequible.
Sin embargo, expertos del sector inmobiliario han advertido que la medida podría generar tensiones en proyectos cuyos negocios ya fueron pactados bajo el esquema de precios atados al salario mínimo. Aun así, el Gobierno sostiene que la directriz apunta a reforzar la seguridad jurídica y a evitar que los compradores asuman incrementos imprevistos en el valor final de su vivienda.
El borrador del decreto se encuentra en etapa de revisión y comentarios, y su adopción definitiva marcaría un cambio significativo en la comercialización de la Vivienda de Interés Social en Colombia.
