Por lo menos, el Presidente debería siquiera pensar en el daño que le hace a su candidato, si este llega a ganar, con las últimas decisiones que ha tomado en materia económica, política y social.
Llama la atención que, en medio de la difícil situación fiscal del país, de la suspensión provisional de los efectos de la Emergencia Económica y Social decretada por el presidente Petro básicamente para recaudar los dineros que hacen le hacen falta al Gobierno para equilibrar el Presupuesto General del año 2026, y de los crecientes gastos del Ejecutivo; el mandatario esté dedicado a tomar decisiones que significan menos ingresos y más gastos.
Cómo se explica que, mientras la Corte Constitucional le quita la posibilidad de empezar a recaudar cerca de 2.5 billones de pesos por concepto del IVA y el impuesto al consumo a los licores y al tabaco, o 2.3 billones al reducir el umbral para el pago del impuesto al patrimonio; o 1.2 billones producto de una nueva sobretasa de renta al sector financiero; el Gobierno hace fiestas con los recursos que no tiene y no va a recibir.
Cómo es posible que en medio de semejante crisis y apretón de caja, el Gobierno contrate más de 9.200 personas para empezar a trabajar de inmediato en una decena de entidades oficiales, con remuneraciones no propiamente del salario mínimo y que le cuestan al Estado por encima de 1.3 billones de pesos; y que tiene que empezar a pagarles desde ya; o que decrete a partir del pasado domingo una rebaja en el precio de la gasolina de 500 pesos en el galón y que le significa un importante menor ingreso.
Y lo más curioso, cómo, en medio de la agonía presupuestal que vive el Ejecutivo, el Presidente es capaz de aumentar el salario mínimo Legal el 23,7%, una decisión que le cuesta al solo gobierno más de seis billones de pesos, por cuenta de los empleados públicos, de los contratistas y de los pensionados; y que, por supuesto, no tiene cómo pagarlos.
Solo parece haber una explicación a esto y es el desesperado afán del gobierno para garantizar la elección de su candidato el próximo 31 mayo y la continuidad de su fracasado modelo de gobierno, no importa si la crisis fiscal acabe de reventar su techo, si haya que gastarse el dinero que por años ahorraron los colombianos para garantizar su pensión, si no quede un solo peso para la inversión y si todas las promesas sociales de campaña se queden en los anaqueles.
Al Gobierno solo parece importarle una cosa en sus decisiones y es que le generen votos el 31 de mayo, así vayan contra todas las buenas normas de la administración pública, contra la prudencia que deben presidir las determinaciones oficiales, contra el principio de la austeridad y el buen juicio que debe tener el ordenador del gasto y la responsabilidad que tiene todo mandatario de no dejar al país con compromisos económicos imposibles de cumplir.
Por lo menos, el Presidente debería siquiera pensar en el daño que le hace a su candidato, si este llega a ganar, con las últimas decisiones que ha tomado en materia económica, política y social. Qué clase de país le va a entregar, en qué condiciones económicas y fiscales, y qué papa caliente, desde el punto de vista social, va a poner en las manos de su sucesor.
