La democracia exige normas claras y condiciones iguales para todos los quieran participar de las posibilidades electorales que ella ofrece.
Con la apertura el sábado pasado por parte de la Registraduría del proceso de inscripción de los comités promotores de las candidaturas presidenciales avaladas por la firma de ciudadanos, con miras a las elecciones del año entrante, se inició oficialmente el debate electoral que debe terminar con la elección del próximo presidente de la República.
Los candidatos que estén interesados en someterse a este mecanismo electoral, deberán registrar sus comités promotores de firmas y cumplir con las condiciones establecidas en la ley y en la resolución expedida para el efecto por la Registraduría, y entregar las firmas exigidas antes del 17 de diciembre.
Para que la inscripción de un candidato sea válida, el comité debe entregar por lo menos un número de firmas igual al tres por ciento del total de los votos válidos contabilizados en las elecciones presidenciales del 2022, lo que significa aproximadamente a 630.000 ciudadanos hábiles para votar.
Hasta ahora solamente dos o tres candidatos han manifestado su interés de presentarse al debate en representación de grupos significativos de ciudadanos, pero seguramente la inmensa mayoría lo hará, aún si ellos tradicionalmente han pertenecido a alguno de los partidos o agrupaciones políticas reconocidas en el país y tienen oportunidad de ser sus candidatos oficiales. La razón simple es que la legislación electoral es inequitativa e injusta.
Los candidatos que se acojan al proceso de firmas, la ley los autoriza a hacer una campaña publicitaria supuestamente para motivar a los ciudadanos a respaldarlos con su firma; pero en realidad lo que ellos hacen es aprovechar la norma para empezar a publicitar su nombre y su propuesta pensando en el debate del año entrante.
Mientras tanto quienes vayan a ser candidatos de los partidos políticos tradicionales o de los organizaciones reconocidas y con trayectoria electoral, solo podrán hacer publicidad política y promover sus nombres tres meses antes de la primera vuelta, lo que evidentemente es situación injusta e inequitativa.
Esta inequidad se vuelve más evidente y se hace más injusta cuando en la práctica todos los aspirantes que iniciaron el proceso de recolección de firmas para presentarse por un movimiento plural de ciudadanos, terminan inscritos por alguno de los partidos o movimientos con personería jurídica, Es decir, solo recurrieron a ese mecanismo para aprovechar la inconsistencia de la norma y hacer la publicidad que en otras condiciones no les es permitido y de paso, hacerle conejo a la ley y engañar a sus incautos firmantes.
La democracia exige normas claras y condiciones iguales para todos los quieran participar de las posibilidades electorales que ella ofrece. Por tanto, es necesario que la ley electoral corrija todas las inconsistencias e inequidades que tiene, empezando por el trato generoso que le da a los supuestos candidatos de los grupos significativos de ciudadanos.
