La suspensión decretada por la Corte no solo protege la supremacía constitucional, sino que reafirma el papel de los contrapesos institucionales en momentos de alta tensión política.
Con una votación que no deja lugar a especulaciones políticas o de posible animadversión hacia el Gobierno, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente los efectos del Decreto “por el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, hasta tanto la Sala Plena del alto tribunal profiere una decisión de fondo.
El presidente Petro, con la firma de todos los ministro, expidió el pasado 22 de diciembre el Decreto Legislativo que declaró el estado de excepción, al día siguiente de entrar el poder judicial en el período de vacancia y cuando el Legislativo había también terminado su período constitucional, en una clara intención de burlar el control inmediato de constitucionalidad por parte de la Corte y el político por el Congreso.
La figura de la emergencia es excepcional y está concebida para situaciones extraordinarias, imprevisibles y de tal gravedad que hagan imposible acudir a los mecanismos ordinarios. Precisamente por ello, su uso exige rigor, proporcionalidad y una sólida justificación. Cuando estos elementos no son evidentes, la declaratoria se convierte en un atajo que debilita la ley y erosiona el equilibrio de poderes.
El Gobierno ha optado por legislar a espaldas del Congreso, no porque carezca de canales institucionales, sino porque no cuenta con las mayorías necesarias para sacar adelante sus iniciativas. Esa dificultad política no puede resolverse mediante decretos de excepción. La democracia representativa no funciona por conveniencia, sino por reglas claras que obligan a concertar, debatir y construir consensos.
Esta tendencia reiterativa de suplantar las facultades del Congreso mediante decretos legislativos revela un desdén por la separación de poderes. Legislar vía decreto, bajo el pretexto de una emergencia mal fundamentada, erosiona la confianza en la seguridad jurídica y debilita el equilibrio que sostiene al Estado. Cada vez que el Ejecutivo intenta tomar atajos legales, obliga a las altas cortes, como acaba de concurrir, a intervenir para restablecer el orden constitucional.
La suspensión decretada por la Corte no solo protege la supremacía constitucional, sino que reafirma el papel de los contrapesos institucionales en momentos de alta tensión política. El Tribunal ha sido enfático en que la excepcionalidad no puede ser la norma, y mucho menos un instrumento para evadir el debate parlamentario que exige la ley. Este episodio debe servir como una lección de humildad política para un Ejecutivo que suele priorizar el discurso de la urgencia sobre el rigor de la técnica jurídica.
Hizo, pues, bien la Corte en suspender el decreto de Emergencia Económica. Pretender gobernar por decreto, cuando existen los canales democráticos, es un atropello que el país no puede tolerar. La insistencia en figuras de excepción solo demuestra incapacidad para concertar y tramitar las reformas a través de los canales ordinarios.
