La consulta popular

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La consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional ha abierto un debate necesario, pero también cargado de incertidumbres. Aunque el uso de mecanismos de participación es un signo saludable de democracia, preocupa la manera en que se han planteado las preguntas propuestas, todas formuladas en un tono sugestivo que, más que invitar a la reflexión crítica, empujan al ciudadano a votar afirmativamente bajo la presión moral de no parecer contrario al bienestar general.
Preguntas como “¿Está usted de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo ocho horas?” o “¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos?” no presentan una verdadera disyuntiva, sino una afirmación con la que casi nadie podría estar en desacuerdo.
El verdadero contenido de fondo y las reformas estructurales que estas preguntas implican, quedan difusos. Así, la consulta corre el riesgo de convertirse más en una herramienta de legitimación política que en un ejercicio de deliberación ciudadana informada.
Esta manera de plantear tiene consecuencias concretas, sobre todo para las medianas y pequeñas empresas (MIPYMES), que son el corazón de la economía nacional y el sostén de millones de empleos. Cambios derivados de mandatos populares vagamente definidos pueden traducirse en nuevas cargas laborales, tributarias o regulatorias para las empresas sin un marco claro de implementación. Para las MIPYMES, que ya enfrentan retos de liquidez, acceso a crédito, tasas de interés y competencia desleal, esto podría significar un golpe letal.
Además, la percepción de que la consulta está diseñada para inducir un “sí” genera desconfianza entre los actores económicos. En tiempos de incertidumbre, las decisiones de inversión se posponen, la contratación se congela y las expectativas se deterioran. El impacto sobre el empleo es directo y preocupante, especialmente en regiones como el Eje Cafetero, donde la recuperación económica todavía es frágil.
El país necesita reformas, sí, pero también necesita claridad, consensos y responsabilidad. El Gobierno debe reformular el enfoque de esta consulta, escuchar a los empresarios, sindicatos y expertos, recibir las observaciones del Legislativo, analizar las implicaciones reales de cada pregunta y garantizar que los ciudadanos voten con información completa, no bajo la presión de consignas.
La democracia no se fortalece con plebiscitos populistas, sino con decisiones informadas. Y las pequeñas y medianas empresas no pueden seguir siendo el eslabón sacrificado de cada experimento político. Son, en realidad, la base de la estabilidad que todos dicen defender.