La denuncia no solo ratifica las dudas que generó el escándalo protagonizado por la ministra Guerrero, sino que destapa una fiesta de diplomas falsos, en las altas esferas del Gobierno.
La denuncia de la representante a la cámara Catherine Juvinao sobre los títulos profesionales otorgados por una universidad de Bogotá, a una de las secretarias privadas del presidente Petro, no solamente sin haber completado los pensum académicos, sino sin cumplir con los requisitos previos de ley para cursar una disciplina profesional y obtener el diploma correspondiente; no solo ratifica las dudas que generó el escándalo protagonizado por la ministra Juliana Guerrero, sino que destapa una fiesta de diplomas falsos, o al menos con muy dudoso sustento académico, en las altas esferas del Gobierno Nacional.
Según la Representante Juvinao, la funcionaria se graduó como ingeniera industrial, administradora de empresas y tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo, el mismo día y en la misma institución, como aparece en las actas de grado expedidas por la Fundación Universitaria San José. Y como si esto fuera poco, la señora Melo Morales presentó las pruebas Saber Pro, requisito indispensable previo para poder recibir un título profesional, nueve días después de haberse graduado.
Y como si tanta dedicación y eficiencia fuera poca, la profesional en múltiples disciplinas académicas aparece, según registros de la Función Pública, al mismo tiempo prestando sus servicios profesionales a la presidencia de la República, en el cargo de secretaria de despacho.
Cómo hace una persona que está desempeñando un cargo que tiene un altísimo volumen de trabajo, que con seguridad requiere jornadas laborales que arrancan desde muy temprano en la mañana y se extienden hasta muy tarde en la noche y que tiene que estar disponible para cualquier requerimiento del Presidente, para asistir simultáneamente a una universidad durante tres años y medio, estudiar tres carreras muy exigentes al mismo tiempo y recibir los tres diplomas de grado el mismo día y a la misma hora.
Mientras tanto, ni el Gobierno explica cómo se nombra un ministro o un persona tan cercana al presidente de la República, sin verificar suficientemente su hoja de vida y sus sustentos académicos; ni la universidad cómo se le expiden tres títulos académicos a una persona sin siquiera matricularse en ella.
Y peor aún, cómo el Gobierno, de acuerdo con las denuncias de la representante Catherine Juvinao, ha hecho contratos por más de 1.100 millones de pesos con personas que han entregado títulos otorgados irregularmente para sustentar su idoneidad y conocimientos en los temas.
Ojala, los entes de control y la justicia se ocupen de semejante nido de corrupción, investiguen cuántos funcionarios están vinculados al Gobierno Nacional apoyados títulos falso y cuántos instituciones de educación superior han expedido diplomas irregulares e impongan las sanciones que corresponden; porque no hay mucha esperanza de que esto lo hagan la Fiscalía y el Ministerio de Educación.
