Si el Gobierno quiere reformar la Carta, que lo haga por los cauces establecidos y dentro de los términos democráticos. Lo demás es ruptura, es anarquía institucional.
El presidente Petro ha vuelto a insistir en su obsesión por convocar una Asamblea Nacional Constituyente. No satisfecho con la aprobación de la Reforma Laboral y ante la pérdida de razón de la consulta popular, ha propuesto entregar una papeleta en las elecciones de 2026 para preguntarle al pueblo si quiere cambiar la Constitución.
Más allá del ropaje democrático con el que el Presidente intenta vestir esta iniciativa, se trata de una propuesta abiertamente violatoria del orden constitucional y, además, una estrategia política que busca anticipar el debate electoral e imponer a la sociedad una discusión que no corresponde ni al momento ni al procedimiento.
El artículo 374 de la Constitución Política es claro, una reforma total a la Carta Magna, como la que se busca con una Constituyente, debe ser convocada por el Congreso, a iniciativa del Gobierno, de un número considerable de ciudadanos o por la propia corporación legislativa. No existe en Colombia la figura de una consulta popular espontánea para cambiar las reglas del juego por la vía de una papeleta electoral informal.
La Constitución tiene mecanismos, y esas formas no pueden ser burladas porque no le convengan al mandatario de turno. El Presidente intenta copiar lo ocurrido con la “Séptima Papeleta”, pero desconoce que en ese entonces la Carta no permitía la convocatoria de una asamblea constituyente para reformarla y hoy ella sí establece un procedimiento y una ruta inequívoca para hacerlo.
La “papeleta” propuesta recuerda los métodos de regímenes populistas que, valiéndose de votaciones ambiguas o al margen de la legalidad, buscan abrir la puerta a reformas constitucionales hechas a su medida. Ahora el mandatario vuelve a la consulta, pero esta vez disfrazando el intento con un ejercicio que no tiene soporte jurídico alguno.
Insistir en estos momentos en una constituyente, solo serviría para incrementar los ya altos niveles de polarización y fractura social. El más peligroso enemigo que hoy tiene el país, es la radicalización y la alimenta división entre pobres y ricos, entre trabajadores y quienes no tiene empleo, entre quienes tienen seguridad salud y los que no la tienen.
Además, con esta propuesta el Presidente busca trasladar desde ahora la contienda presidencial de 2026 al terreno de la ruptura institucional. Petro no quiere un debate sobre programas, logros, o proyectos para Colombia, ni mucho menos que sea un balance de su pobre gestión y el fracaso del cambio prometido. Quiere que el país se divida entre quienes apoyan su aventura constituyente y quienes defienden el Estado de Derecho, polarizando aún más a una sociedad ya hastiada de confrontaciones y fracturas.
Si el Gobierno quiere reformar la Carta, que lo haga por los cauces establecidos y dentro de los términos democráticos. Lo demás es ruptura, es anarquía institucional. Colombia no necesita nuevos motivos de polarización, requiere respeto por las instituciones y un debate electoral decente, fundado en ideas y en los problemas del país; y no en los atajos de su fracasado proyecto político.
