Desde siempre, la diplomacia ha sido entendida como un oficio técnico, político y profesional, que requiere formación, experiencia, tacto, criterio y conocimiento
La decisión del presidente Gustavo Petro de eliminar los requisitos mínimos para acceder a los cargos de embajador no solo constituye una contradicción a su promesa de profesionalizar el servicio diplomático, sino también una grave amenaza para el prestigio y la eficacia de la política exterior de Colombia.
Convertir los más altos cargos diplomáticos en un simple botín burocrático es, además de desprofesionalizar el servicios exterior, desmantelar el andamiaje institucional que le ha permitido al país mantener relaciones respetuosas, serias y constructivas con la gran mayoría de los países del mundo.
Desde siempre, la diplomacia ha sido entendida como un oficio técnico, político y profesional, que requiere formación, experiencia, tacto, criterio y conocimiento. No es un lujo, ni una prerrogativa para las élites, sino una necesidad para proteger los intereses nacionales en escenarios complejos y en permanente transformación. Representar a Colombia ante otra nación no es un premio, es una responsabilidad.
La eliminación de los requisitos formales para ser embajador abre la puerta a que cualquier persona, por el solo hecho de su cercanía política o afectiva con el mandatario de turno, pueda ser designada para encarnar la imagen del país en el exterior. ¿Cómo podrá defender los intereses comerciales, culturales o diplomáticos de Colombia un improvisado sin conocimientos básicos de relaciones internacionales, derecho internacional o protocolos multilaterales?
No se trata de negar que los gobiernos tengan márgenes para nombrar personas de confianza en algunos cargos diplomáticos. Eso ha sido práctica común en muchas democracias. Pero en ningún sistema serio se concibe que se eliminen de un plumazo los requisitos mínimos de idoneidad, que por algo existen.
Con esta medida, el Gobierno Petro continúa debilitando los cimientos institucionales en nombre de una supuesta “democratización” que no es otra cosa que desprecio por el mérito y por la profesionalización del servicio público. Lo mismo ha ocurrido con otras entidades estatales que han sido entregadas a cuotas políticas sin mirar la formación o experiencia de los designados, con consecuencias lamentables.
En un mundo globalizado, donde la competencia por atraer inversiones, abrir mercados, lograr cooperación y fortalecer alianzas es cada vez más intensa, el país no puede darse el lujo de enviar emisarios incapaces o improvisados. La diplomacia no es una asamblea de amigos, sino el frente externo de la política nacional; y su debilidad se traduce en pérdida de respeto, influencia y oportunidades para los colombianos.
Esta decisión es inaceptable. La política exterior de un país serio no puede estar subordinada al capricho presidencial ni a los favores partidistas. Colombia necesita una representación digna, profesional y preparada.
