Si el problema es el impacto del salario mínimo, la solución debe construirse con rigor técnico, respaldo legal y sensibilidad social, no mediante atajos normativos.
La reciente decisión del Gobierno Nacional de desligar los precios de la vivienda de interés social (VIS) del salario mínimo no responde a una política pensada para facilitar el acceso de las familias, como lo ha querido presentar el presidente Petro, sino a un intento desesperado por contrarrestar los efectos que no calculó sobre sectores sensibles de la población, al impulsar el incremento desbordado del salario mínimo.
Durante años, la legislación colombiana estableció un régimen especial para la VIS, atado al salario mínimo, como mecanismo de protección para los hogares de menores ingresos, el cual debe ser ratificado en cada Plan Nacional de Desarrollo para definir tanto el tipo como el valor máximo de estas viviendas. Esta norma estipula además, que el precio de la VIS corresponderá a su valor al momento de la escrituración y permite que dicho monto se fije en salarios mínimos mensuales.
Al modificarse este esquema mediante decreto, el Gobierno no solo desconoce el espíritu de la ley, sino que incurre en una actuación jurídicamente cuestionable. Un decreto no puede contradecir una norma de rango legal, y hacerlo abre la puerta a demandas por ilegalidad que, una vez más, terminan trasladando la incertidumbre a los ciudadanos.
La seguridad jurídica es un activo esencial en el sector vivienda. Cambiar las reglas de juego por vía administrativa, sin un debate amplio en el Congreso, debilita la confianza y genera incertidumbre en un mercado que ya enfrenta altos costos de financiación, menor dinámica de ventas y un entorno económico complejo.
Pero además del debate legal, la medida resulta inconveniente desde el punto de vista social. Fijar el precio de la vivienda VIS en el momento de la separación del inmueble y no en el de la escrituración, traslada el riesgo casi por completo al comprador. Familias que hoy hacen un esfuerzo enorme para separar una vivienda podrían encontrarse, meses después, con que los subsidios entregados por las Cajas de Compensación Familiar y las entidades territoriales pueden ser sustancialmente menores a lo esperado.
La VIS no puede tratarse como un bien cualquiera del mercado. Es una política pública orientada a garantizar el derecho a una vivienda digna, no un instrumento para buscar resultados electorales. Si el problema es el impacto del salario mínimo, la solución debe construirse con rigor técnico, respaldo legal y sensibilidad social, no mediante atajos normativos.
La vivienda de interés social no puede convertirse en el amortiguador de improvisaciones ni en el terreno donde se ensayan correcciones apresuradas. Las decisiones que afectan a miles de hogares deben fortalecer la confianza, no debilitarla; y respetar la ley, no ponerla en entredicho. En materia de vivienda de interés social, improvisar nunca ha sido una buena política pública.
