La decisión de la Justicia de ordenar un año y medio después de vincular a los responsables, el embargo de sus bienes, no solo causa risa por lo inocua, sino indignación por lo ingenua.
La semana pasada los medios de comunicación registraron una noticia que más parecía un chiste que realmente lo que espera de la Justicia, una sociedad ofendida y golpeada por el engaño y la perversidad de quienes recibieron de alguna manera la confianza y la credibilidad de los ciudadanos.
Decía la noticia que el Juzgado que lleva el proceso y la investigación por los evidentes sobrecostos y los cambios de especificaciones en el contrato de construcción de la Avenida Los colibríes, decretó el embargo de los bienes de todos los implicados en este robo a la ciudad.
Quién puede creer que, después de casi año y medio de abrirse la investigación por el mayor desfalco a la ciudad de los últimos años, de haber estado encarcelados un año por estar señalados de ser sus principales responsables e inclusive después de ya estar en libertad por vencimiento de términos, estas personas todavía tengan a su nombre los bienes conseguidos ilícitamente, esperando que se los embarguen o les declaren la extinción de dominio.
Si lo primero que hace un funcionario o un contratista corrupto, cuando saca tajada o ha esquilmado los dineros de los contribuyentes, es poner lo que consigue mal habido en cabeza de testaferros, o los pasa a otras personas cuando ve que vienen pasos de animal grande y se los pueden quitar; quién va a conservar a nombre propio un bien conseguido con estos dineros o se va a sentar a esperar que la justicia se los quite, si sabe que lo primero que hace un juez, cuando ve indicios serios de enriquecimiento ilícito, es embargar los bienes de los procesados y evitar que los vendan o los escondan.
Decretar el embargo ahora de los bienes o sacarlos del comercio cuando ha pasado año y medio del peor escándalo de corrupción en la ciudad de los últimos años, es no solo una medida extemporánea e inútil, sino ridícula, risible y que retrata de cuerpo entero la pasividad e ineficacia de la Justicia.
Si ya desde antes de conocerse cualquier irregularidad en la ejecución de Los Colibríes y de sospecharse que había malos manejos, los implicados habían tomado todas las precauciones para que los bienes adquiridos con estos dineros, estuvieran a nombre de testaferros; con mayor razón se iban a deshacer de ellos inmediatamente se destapó el escándalo y se vieron involucrados en él.
Hoy todo el mundo sabe, menos la justicia que se quedó esperando que los investigados pasaran hasta el último peso a nombre de terceros, cuáles son, dónde están y quiénes son los testaferros de los bienes que los procesados, adquirieron con los dineros producto de su proceder delictivo.
La decisión, pues, de la Justicia de ordenar casi año y medio después de vincular formalmente a los responsables del saqueo, el embargo de sus bienes, no solo causa risa por lo inocua, sino indignación por lo tardía, por lo ingenua y por todas las conjeturas que se tejen en medio del malestar que el engaño de Los Colibríes ha causado entre los pereiranos.
