Esto se suma a una retórica persistente del Presidente contra los medios, a los que acusa de estar aliados con intereses oscuros, manipular la opinión pública y ser enemigos del cambio
En una nueva y alarmante escalada contra la libertad de prensa, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a los medios de comunicación de ser “constructores de violencia” y de “destruir la imagen del presidente y derribarlo”; y los amenazó con liquidar los contratos de concesión del espectro electromagnético, que ellos tienen .
Dijo el Presidente que “el contrato se viola si los medios rompen la Constitución, el derecho a la información y la verdad, y aquí se está violando todos los días. Cualquiera diría: hay que liquidar entonces los contratos”. Además, afirmó que procederá para que “la justicia actúe en defensa del derecho ciudadano”, acusando a la prensa de desinformar al pueblo y llenarlo de odios.
Estas afirmaciones, más propias de un régimen autoritario que de una democracia constitucional, representan un atentado contra la libertad de expresión y el pluralismo informativo en Colombia, amén de que son un riesgo mayúsculo contra la salud de la democracia colombiana.
Esto se suma a una retórica persistente del Presidente contra los medios, a los que acusa de estar aliados con intereses oscuros, manipular la opinión pública y ser enemigos del cambio. Pero en una democracia, los medios no están para aplaudir al poder sino para vigilarlo, cuestionarlo y denunciar lo que no funciona. Pretender lo contrario es desconocer la esencia del orden democrático.
Resulta especialmente preocupante que este tipo de amenazas provengan del jefe de Estado, quien tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluido el de informar y ser informados libremente. En un país donde se asesinan periodistas y donde la estigmatización ha sido antesala de la violencia, este tipo de señalamientos no solo deslegitima la labor periodística, sino que avivan el fuego de la intolerancia.
Amenazar con cerrar medios o cancelar sus concesiones si no se alinean con el discurso oficial es cruzar una línea roja. El espectro electromagnético es un bien público, administrado por el Estado, pero no una herramienta de castigo político. Usarlo como mecanismo de presión o censura, condicionando su concesión al tono favorable de la información que transmiten los medios, es una amenaza directa a su independencia y a la posibilidad de ejercer un periodismo libre.
Bajo ninguna circunstancia puede tolerarse que el poder Ejecutivo pretenda doblegar a la prensa por la vía de las sanciones económicas o administrativas. El Congreso, la Corte Constitucional y la sociedad deben alzar la voz. La libertad de prensa no es negociable, ni está sujeta al capricho del poder de turno.
