El resultado de esta terquedad e insistencia en taparse los ojos a una realidad incuestionable, es dolorosamente lo que hoy están viviendo los municipios del occidente y centro del Departamento.
La terquedad del Gobierno Departamental para no aceptar la presencia permanente del Eln en el occidente del departamento y la existencia de una guerra con el Clan del Golfo por el control del territorio, ya ha empezado a producir sus macabros efectos en los municipios de Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría y Apía en Risaralda.
El pasado jueves miembros del Frente Nahuel Hernández El Boche perteneciente al Eln atacó con explosivos lanzados desde el aire por drones manipulados a sustancia, un pelotón motorizado que custodiaba la vía Santa Cecilia – Puente Guarato, jurisdicción de Pueblo Rico, produciendo pánico en los pobladores de la zona y la huída de cientos de personas que abandonaron el lugar de miedo de ser alcanzados por la acción del grupo ilegal.
Durante mucho tiempo las autoridades de los municipios limítrofes de Risaralda y el Chocó, sus dirigentes cívicos y políticos, los transportadores, las comunidades organizadas, los campesinos y en general los habitantes de la zona, denunciaron la presencia de este grupo armado y clamaron por la presencia de la Fuerza pública que evitara su instalación de manera permanente.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades departamentales fue siempre que en Risaralda no había presencia permanente y activa de los grupos armados ilegales. Que la aparición en municipios como Pueblo Ricos, Mistrató, Apía y Belén de Umbría de aparentes miembros de las organizaciones armadas, era eventual y obedecía al uso por parte de los grupos armados del corredor que une a los departamentos del Valle con Antioquia y que es utilizado para el transporte de droga y armas.
A pesar de las denuncias de las comunidades, de las evidencias, de los testimonios de decenas de habitantes de la región, de las extorsiones a las empresas de transporte, a los cientos de desplazados, de los bloqueos a las vías y de las prohibiciones para circular entre los departamentos, la autoridades se empeñaron de negarlo y en decir inclusive que eran falacias de los medios de comunicación.
El miércoles pasado, para no ir muy lejos, apenas un día antes del ataque del Eln a la patrulla militar, la Defensora Regional del Pueblo había llamado durante una reunión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas realizada en Belén de Umbría, había llamado la atención de las autoridades departamentales sobre lo que estaba sucediendo en el occidente de Risaralda y el riesgo en que está la población del Departamento.
El resultado de toda esta terquedad e insistencia en taparse los ojos a una realidad incuestionable, es dolorosamente lo que hoy están viviendo no solo los municipios limítrofes con el Chicó, sino otros del centro del Departamento. Empresas de transporte que sufren la incineración de sus buses, comerciantes que son extorsionados, familias que tienen que abandonar sus viviendas y sus parcelas para no ser asesinados o sus hijos reclutados, poblados enteros encarcelados ante las amenazas, vías cerradas al tráfico normal y ataques aleves a la Fuerza Pública. Ojalá, ahora sí, las autoridades entiendan que es en serio.
