Para reducir este terrible delito, es necesario que, conjuntamente con lo que vienen haciendo las autoridades, la ley permita menos fisuras por donde puedan escapar los violadores.
No pueden ser más dolorosos los resultados del informe que acaba de entregar el Instituto Nacional de Medicina Legal sobre los delitos sexuales en la ciudad y en el departamento. Si bien este atroz comportamiento humano ha disminuido un poco en los últimos meses, sigue mostrando en la región unas cifras aterradoras.
Según esa entidad, entre el primero de enero y el 30 de septiembre de este año se registraron en Risaralda 516 actos considerados como agresión sexual, lo que significa que es de lejos el departamento del Eje Cafetero que más delitos de esta naturaleza registró, inclusive mucho más que la suma de los conocidos en Caldas que tuvo 308 y el Quindío que tuvo 154.
Estos datos tienen dos agravantes horribles. El primero de ellos es que en ocho de cada diez casos, el delito se cometió en la propia residencia de la víctima y el victimario es un miembro de la familia o una persona muy allegada y su cercanía le había permitido ganarse la confianza del ofendido.
El segundo agravante es que las cifras oficiales no reflejan la verdadera realidad de lo que está sucediendo en la sociedad. Son datos que tienen un subregistro muy grande, porque en buena parte de los casos la víctima no pone en conocimiento de las autoridades lo que le ha sucedido, por temor a las represalias, o porque no tiene confianza en las autoridades o para evitar el escándalo que puede generar el parentesco con el agresor.
Pero esto que hace que los registros no reflejen la realidad del avance de esta conducta delictiva, no es lo peor. Lo más dramático es que en el 70% de los casos que son denunciados formalmente y asumidos por la justicia, los jueces respectivos, cuando tienen que decidir sobre el destino del violador, lo dejan en libertad o le conceden la detención domiciliaria, es decir, lo envían para que comparta techo con su víctima.
Ninguna persona va a ir a las autoridades a denunciar un hecho de agresión sexual si sabe que el juez puede enviar a su violador, mientras avanza la investigación, a que comparta vivienda con ella; y sabe también que en Colombia los procesos que no tienen detenido, duran toda la vida.
Nadie va a denunciar a su violador si sabe que le puede tocar seguir compartiendo su techo con él y, además, que la posibilidad de que sea juzgado y condenado es de menos del 3%, de acuerdo con las estadísticas que no hace muchos días entregó el propio ministerio del ramo sobre la efectividad de la justicia en el país.
Para reducir este terrible delito, es necesario, pues, que, conjuntamente con lo que vienen haciendo las autoridades, la ley permita menos fisuras por donde puedan escapar los violadores y los jueces sean menos laxos con éstos. De lo contrario, este delito seguirá creciendo y lo peor en medio de la casi total impunidad.
