La democracia no es solo la voluntad popular expresada en las urnas, sino también el respeto a las reglas del juego, a los contrapesos, a la deliberación plural y a los tiempos de la política.
El anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto ha generado una fuerte reacción en la gran mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso, en la dirigencia gremial, en el ámbito académico y en general en los distintos sectores de opinión.
Esta intención, expresada sin ambages en medio de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y las otras dos ramas del poder público, es un claro desconocimiento de la división de poderes que existe en Colombia, un desafío al orden constitucional y un golpe bajo al equilibrio democrático.
La consulta popular es, sin duda, un mecanismo legítimo de participación ciudadana consagrado en la Constitución. Sin embargo, su convocatoria no puede hacerse de forma unilateral por parte del Presidente de la República. El artículo 103 de la Carta Política establece que los mecanismos de participación —incluida la consulta— deben contar con el aval previo del Congreso y la posterior revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Saltarse estos pasos no solo sería un acto inconstitucional, sino un abierto desconocimiento de la institucionalidad.
El anuncio presidencial, en su tono y fondo, revela una peligrosa tendencia a gobernar por fuera de los cauces institucionales cuando los canales democráticos no favorecen los intereses del Ejecutivo. No es la primera vez que el presidente Petro expresa molestia ante los frenos naturales del Estado de derecho; lo preocupante es que ahora propone un camino que podría minar seriamente la legitimidad de las instituciones y abrir la puerta a precedentes autoritarios.
Más allá del debate jurídico que algunos intentan dar, hay una reflexión democrática que no puede pasarse por alto. La democracia no es solo la voluntad popular expresada en las urnas, sino también el respeto a las reglas del juego, a los contrapesos, a la deliberación plural y a los tiempos de la política. Una consulta popular convocada sin respeto por esos principios equivale más a una imposición que a una expresión de soberanía.
En momentos de alta polarización, el liderazgo político debería tender puentes, no cavar trincheras. La consulta, usada de manera responsable, puede ser una herramienta valiosa para destrabar agendas. Pero emplearla como ultimátum, sin legitimidad institucional, la convierte en un arma de confrontación y no de consenso.
Colombia ha construido con mucho esfuerzo una democracia que puede ser imperfecta, pero es funcional. Desconocer sus pilares, por desesperación, cálculo o ideología, expone al país a un deterioro institucional de consecuencias incalculables. Gobernar no es imponer, es persuadir. Y respetar la Constitución es el primer acto de fidelidad democrática que debe exigirse a cualquier mandatario, sin excepción.
