Cerca de 5.000 mujeres que permanecen detenidas en las cárceles del país, podrán quedar en libertad producto de la expedición del decreto que reglamenta la ley sancionada por el presidente Petro en marzo pasado y que regula la prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva de la prisión.
El decreto reglamentario abre la posibilidad que aquellas mujeres cabeza de familia que están condenadas a penas de prisión iguales o inferiores a ocho años puedan recuperar su libertad cumpliendo un servicio social o un trabajo comunitario, como medida sustitutiva de su condena.
Los delitos susceptibles del beneficio que contempla la nueva disposición, son los delitos simples como el hurto, el hurto calificado, el tráfico de estupefacientes, la fabricación, distribución o el porte de estupefacientes; y la destinación de muebles o inmuebles para una actividad ilícita.
Quien violó la ley penal y de paso le causó un daño a la sociedad, debe recibir un castigo, justo por supuesto, y cumplirse obviamente en un lugar que no atente contra su dignidad.
La norma reglamentaria no cobija a aquellas mujeres que han sido condenadas a una pena privativa de la libertad superior a ocho años de prisión, o por el delito de la utilización de menores de edad para la comisión de cualquier otra conducta delictiva, o por violencia intrafamiliar.
Según el Presidente Petro, la norma permite la resocialización de aquellas madres que cayeron en estas conductas, garantiza los derechos humanos de estas personas, evita que ellas sigan presas mientras sus pequeños hijos crecen sin su madre, sin su afecto y cultivando odios y resentimientos contra una sociedad que seguramente más adelante será su víctima.
Dice también el Gobierno que este beneficio ayuda a descongestionar unas cárceles que están hacinadas, que no han sido construidas para albergar mujeres y que la mayoría de las veces son lugares improvisados y adecuados al pie de las prisiones de varones, que en la práctica lo que terminan haciendo es degradando la dignidad humana.
Claro que es bueno que los niños crezcan al pie de sus madres, que es cierto que si salen de las cárceles cinco mil mujeres se va a reducir el hacinamiento y que es probable que la resocialización del delincuente sea más fácil lograrla por fuera de los centros de reclusión; pero aceptar que una persona delinca y no reciba ninguna sanción, porque en la práctica el Estado es incapaz de controlar y garantizar el cumplimiento de las penas alternativas, es un pésimo antecedente para el orden institucional que debe primar en cualquier sociedad.
Quien violó la ley penal y de paso le causó un daño a la sociedad, debe recibir un castigo, justo por supuesto, y cumplirse obviamente en un lugar adecuado y que no atente contra su dignidad. Es, además de la ley, la manera como se restablece el equilibrio social, se da un ejemplo y se castiga a quien ha ofendido a la sociedad y le ha causado un mal a uno de sus miembros.
