Mal hizo el Gobierno decretando una emergencia económica sin fundamento jurídico y sin sustento fiscal; y más mal todavía la manera como la hizo desconociendo la Constitución.
Tal como lo habían anunciado el propio presidente Petro y varios de sus ministros, si el Congreso no aprobaba la reforma tributaria con la cual el Gobierno Nacional pretendía recaudar los 16.3 billones de pesos que hacen falta para equilibrar el presupuesto del año entrante, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el decretó mediante cual declaró la emergencia económica en todo el territorio nacional.
Las razones expuestas por el Presidente para sustentar el decreto de emergencia, son la negativa del Congreso a aprobar su iniciativa fiscal, la situación de orden público y la necesidad de más recursos para fortalecer las Fuerzas Armadas, el retiro del apoyo económico para seguridad por parte del gobierno de los Estados Unidos, la negativa del Banco de la República para bajar las tasas de interés y la necesidad de cumplir los fallos de los altos tribunales en materia de salud.
Independiente de los impuestos y cargas tributarias que impondrá el Gobierno con fundamento en la emergencia económica y de los efectos que estos puedan producir sobre el ya afectado sector productivo del país, sobre la inversión, sobre el empleo y sobre el costo del crédito; sobre lo que es necesario llamar la atención es sobre el sustento legal de la medida y la manera como el Gobierno la hizo efectiva.
Según la Constitución Política, para que el Presidente de la República pueda secretar el estado de emergencia económica, tiene que existir una situación o un hecho sobreviniente que ponga al país en una situación crítica imposible de salvar con las facultades corrientes y que por tanto habilitan al Gobierno para tomar la medida; y ninguno de los motivos expuestos por el Ejecutivo era impredecibles y tampoco el país estaba frente a una perturbación grave e inminente del orden económico.
Lejos de esto, alrededor de la convocatoria se adivina en el Gobierno mala intención, deseo de burlar el orden institucional, de desconocer la separación de poderes, de desquitarse del Congreso, de desafiar una vez más a la Corte Constitucional y golpear a los gremios, al sector empresarial y a los inversionistas.
No de otra manera se puede interpretar que una vez el Congreso, en decisión legítima y democrática, hundió la reforma tributaria, la respuesta inmediata del Gobierno haya sido anunciar una reforma por decreto con base en una emergencia económica y que esta haya sido declarada el día en que la Corte Constitucional entraba en el período de vacancia judicial. Todo calculado para burlarse del Congreso y reírse del Alto Tribunal.
Mal hizo, pues, el Gobierno decretando una emergencia económica sin fundamento jurídico y sin sustento fiscal; y más mal todavía la manera como la hizo desconociendo la Constitución que está obligado a cumplir, irrespetando la autonomía del Congreso y burlándose públicamente de la Corte Constitucional.
