El país necesita decisiones firmes, recursos suficientes y un respaldo político claro para que soldados y policías puedan cumplir su misión con dignidad, eficacia y seguridad.
Difícilmente la Fuerza Pública puede vivir un momento más crítico que el actual. Diezmada su estructura, sin presupuesto para operar, en tierra sus helicópteros para movilizarse, sus bases desmoralizadas, rivalidades internas, cientos de soldados asesinados, decenas de estaciones destruidas con explosivos y hasta señalamientos de corrupción, son algunos de los problemas que enfrentan los cuerpos armados del país.
Las cifras son irrefutables. Cerca de 100 uniformados asesinados en lo que va corrido del año; una reducción del 13 % en el pie de fuerza desde 2022, pasando de 459.695 efectivos a 402.228; decenas de bases militares atacadas y no pocas destruidas por grupos armados ilegales; la mitad de los helicópteros inmovilizados por falta de mantenimiento; 12% de recorte en el presupuesto de las Fuerzas Militares y centenares de militares y policías retenidos por comunidades civiles instrumentalizadas por los grupos ilegales.
Pero no se trata solo de números. Detrás de cada estadística hay vidas perdidas, familias destrozadas y territorios que vuelven a quedar a merced de la ilegalidad. La Fuerza Pública, columna vertebral de la seguridad y la soberanía nacional, enfrenta un desgaste profundo, no solo material sino también moral. Cuando un soldado o un policía siente que el Estado no lo respalda plenamente, que su labor es deslegitimada o que carece de los medios básicos para cumplir su misión, el mensaje que se envía es devastador.
La llamada “paz total”, lejos de traducirse en mayor tranquilidad para los colombianos, ha dado como respuesta un fortalecimiento de los grupos armados ilegales, que hoy actúan con mayor audacia y capacidad de intimidación. La destrucción de instalaciones militares, la parálisis aérea por falta de mantenimiento y la pérdida de control en zonas estratégicas del país son síntomas de una política de seguridad que requiere una revisión urgente, seria y sin sesgos ideológicos.
Más grave aún resulta la normalización del secuestro y la retención de uniformados por parte de comunidades civiles, casi siempre presionadas por actores armados. Este fenómeno, inadmisible en un Estado de derecho, erosiona la autoridad legítima, hiere de muerte el honor militar y pone en riesgo la vida de quienes juraron defender a la Nación.
Colombia no puede darse el lujo de seguir tolerando lo que está sucediendo con la Fuerza Pública. La seguridad no es un asunto de derecha o izquierda, sino una condición básica para la democracia, la inversión, el desarrollo social y la paz verdadera. Proteger a quienes nos protegen es una obligación moral y constitucional.
El país necesita decisiones firmes, recursos suficientes y un respaldo político claro para que soldados y policías puedan cumplir su misión con dignidad, eficacia y seguridad. Ignorar esta crisis sería condenar a las instituciones a repetir los errores del pasado, con consecuencias aún más dolorosas.
